Corte da trámite a acción de CGR
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad que presentó el contralor general de la República, Enrique García, para evitar revelar declaraciones juradas de funcionarios públicos.
Los ministros Antonio Fretes (presidente de la Sala), Miryam Peña y Gladys Bareiro admitieron la acción, lo que significa que van a estudiar el fondo de la cuestión, cuando era una brillante ocasión para que la rechacen in limine, a favor de transparentar los bienes de los funcionarios públicos.
El contralor Enrique García se alzó contra las sentencias de primera y segunda instancias que obligan al ente a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
La Contraloría, de esta forma, busca evitar cumplir con los fallos que dieron el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción en un amparo favorable al periodista Juan Carlos Lezcano.
García, si bien dijo que estaba a favor de la divulgación de las declaraciones juradas, accionó ante la Corte con la excusa de que no quiere tener “problemas con la ley”. Indicó que esperará la decisión de la Corte Suprema en relación a la información pública y aseguró que las declaraciones juradas, de acuerdo a la ley actual, solo están a disposición de investigadores en procesos judiciales abiertos.
La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo histórico de hacer públicas las declaraciones, con algunas modificaciones. Dijo que la Contraloría deberá entregar al periodista Lezcano declaraciones juradas en las que consten los datos personales de los altos funcionarios, el importe total en entidades financieras dentro y fuera del país, el importe de créditos, inmuebles, vehículos, muebles y pasivos. Además deberán incluir los datos de los cónyuges que no se encuentren casados bajo separación de bienes y de los hijos menores, excluyendo nombres y documentos de identidad de los mismos.
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En cualquier país del mundo un personaje de esa calaña no se animaría a salir a la calle. No digamos ya a candidatarse a un cargo público.
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Lamentablemente, en nuestro país existen las listas sábana y politiquillos que por un “generoso” aporte pecuniario son capaces de poner a cualquier desperdicio como candidato.
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Lo único que queda por hacer con estos desvergonzados es que sus fotos en los medios de comunicación se peguen en la entrada de lugares públicos.
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Al menos para que no les salgan gratis sus indignos latrocinios y se deban cuidar del merecido escarnio de parte de la ciudadanía decente.
***************** Hablando de indignidad, el Ejecutivo vetó parcialmente la jubilación parlamentaria VIP de los parlamentarios pero no tocó la cuestión de fondo.
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La solución real es que los congresistas tomen conciencia de que no deberían aprovecharse de que ellos hacen las leyes y se adjudican privilegios muy lejanos a la gran mayoría de ciudadanos comunes.
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Es triste ver cómo varias de las caras nuevas del Congreso no tardaron ni un mes en “adaptarse” a la podredumbre general.
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Ojalá algunos se reivindiquen y aprueben proyectos como el de Payo Cubas, que acertadamente plantea que las declaraciones juradas de los funcionarios se hagan públicas y anuales.