Defensoría investiga nepotismo y cobro indebido en la Corte Suprema
La Defensoría del Pueblo investiga cobro indebido de honorarios y nepotismo en la Corte. El caso involucra a la nuera del ministro Luis María Benítez Riera, quien cobraba su sueldo mientras estudiaba en México.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, abrió una investigación de oficio y ayer presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de información sobre el caso de la nuera del ministro Luis María Benítez Riera. Explicó que los magistrados tienen obligación de responder las consultas o podrían ser investigados por desacato.
El defensor del pueblo quiere saber qué grado de parentesco tiene la funcionaria del Poder Judicial Laura Geraldine Bordenave Gamarra con el ministro Benítez Riera. También consulta si ella ingresó a la institución pública por concurso o por qué tipo de proceso de selección de personal y cuáles son los argumentos y de qué se trató el permiso especial que la misma Corte le otorgó para que ella pudiera cobrar su sueldo sin ir a trabajar durante cuatro años.
“Estamos investigando de oficio. Pedimos todos los informes para hacer un estudio profundo sobre la posible existencia de cobro indebido de honorarios y la transgresión de otras leyes, como la que prohibe el nepotismo”, dijo Godoy a ABC Color.
“Acá, el hijo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia casualmente fue a hacer un curso con su novia, con la plata del pueblo. Hablar sólo de nepotismo sería limitado ante tanta falta de respeto al pueblo”, añadió el abogado, que aseveró: “Me genera una profunda indignación porque se trata de una persona hipócrita, que anda por las iglesias con sus crucifijos y sus oraciones a todos los santos del mundo”.
La médica Laura Bordenave entró a trabajar al Poder Judicial en el 2012. En el 2013 se casó con el doctor Luis María Benítez Sienra, hijo del ministro Benítez Riera.
Al año siguiente, la pareja viajó a México, donde él se especializó en cardiología y ella en reumatología. Una investigación de ABC probó que durante los cuatro años que estuvo fuera del país, Bordenave siguió cobrando su salario, de G. 4.538.935, además de otros beneficios. Esto le costó al Estado más de G. 250 millones.
Tras las publicaciones, la Corte defendió a la nuera del ministro diciendo que había recibido un permiso especial con goce de sueldo en diciembre de 2013, que fue prorrogado cuatro veces. La Ley del funcionario público permitía en el 2013 permisos hasta 3 años, pero sin goce de sueldo. Recién en el 2016 se modificó la Ley y se autorizó el cobro de salarios para este tipo de casos. Después del 2011, cuando Benítez asumió la presidencia de la Corte, al menos ocho familiares suyos entraron a trabajar a instituciones del Estado.