Nicanor en su laberinto
Itaipú vende la energía por sobre su valor de referencia para obtener lucros o ganancias no permitidos por el Anexo C del Tratado de Itaipú (Bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la Itaipú. IV - Ingresos).
Para justificar el lucro, los órganos de administración de la entidad binacional se excusan en los gastos sociales aunque ellos no sean componentes del costo del servicio de electricidad.
Para concretar la transgresión al Anexo C del Tratado de Itaipú, perpetrado por el expresidente Nicanor Duarte Frutos, la canciller Leila Rachid y el Gobierno brasileño, representado por el embajador brasileño Valter Pecly Moreira, se modificó la misión Itaipú en marzo de 2005.
Itaipú ya no se limita al “…aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná” (Art. I Tratado). Desde el 2005, admite la generación de “energía eléctrica de calidad, con responsabilidad social y ambiental” (Nota Reversal Nº 1 del 31 de marzo de 2005). Cabe señalar que la Nota Reversal N° 1 del 2005, no fue sometida a la consideración del Congreso.
Según el ministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga “lo que se hizo con esta Nota Reversal es dar una certeza a los conceptos de responsabilidad social y ambiental”… “Loizaga trataba de ‘blanquear’ una práctica irregular que ha servido para enriquecer a muchos sinvergüenzas allegados al poder de turno, mediante un gasto discrecional del dinero público dispuesto por el Consejo de Administración” (ABC Color, 7 de setiembre de 2016).
Al evadir Itaipú el control estatal sobre un dinero adicional administrado por los mandatarios de turno, se encarece compulsivamente la tarifa de la energía costeada por incautos consumidores. Al asumir la binacional hidroeléctrica roles que corresponden a los Estados partes, se vulneran la institucionalidad y la gobernabilidad.
La gente no conoce que el lucro prohibido o ganancia indebida de Itaipú –a expensas del consumidor que nutre la prosperidad de una minúscula clientela política– es manejado arbitrariamente como gastos reservados de los presidentes de turno.
Por todo lo mencionado, corresponde al próximo Gobierno gestionar, entre tantas indignas asimetrías, la pronta devolución a las altas Partes Contratantes del lucro indebido para, en alguna medida, morigerar la impune violación del Tratado de Itaipú.