La vecindad del Chavo
Muchos coinciden en que fue el capítulo más triste de la serie que creó el genial e irrepetible Roberto Gómez Bolaños.
En él, todos los miembros de la vecindad acusaban al Chavo del 8 de haber robado varios objetos.
Bajo la acusación unánime de “ratero”, los vecinos lograron que el Chavo abandone la vecindad, al no poder soportar las miradas acusadoras de todos.
Pero luego volvió al barrio, explicando que lo hacía porque estaba con la conciencia tranquila y que, además, tenía la esperanza de que el verdadero ladrón se arrepienta y devuelva lo robado.
El ladrón, que lo estaba escuchando, así lo hizo. Y luego abandonó avergonzado el lugar.
Recordé el episodio al volver a ver la grabación del escrache que sufrió hace algunos años el diputado José María Ibáñez en una churrasquería en Asunción.
Los gritos y silbidos de algunos comensales hicieron que el parlamentario y su grupo abandonaran avergonzados el local.
Pero lejos de arrepentirse, el parlamentario dilató el proceso judicial durante varios años, y consiguió hace unos días evitar ir a juicio oral, con la obligación de devolver lo robado y donar un generador.
De ese modo, Ibáñez evita una condena que lo inhabilite, y sigue instalado en la vecindad.
Allí donde valiéndose de su cargo le hizo pagar al pueblo los salarios de los tres peones de su quinta, falsificando sus planillas de asistencia laboral y, como cereza del miserable pastel, quedándose con la mayor parte del dinero que figuraba a nombre de los peones.
El caso es simbólico y emblemático, ya que esta no es solo una discusión jurídica, sino sobre todo de ética política.
Simbólico, porque transmite la sensación de que para los poderosos no hay cárcel, y más allá de la salida procesal que se le ha dado, deja una sensación de impunidad.
Emblemático, porque representa una oportunidad de dejar un claro mensaje de repudio que logre una condena ciudadana ejemplar, obligándolo a renunciar, para demostrar que todo tiene un límite y que el hartazgo, aunque tarda, llega.
El caso está perfectamente documentado, el delito se cometió en el ejercicio de su función política y constituye un claro ejemplo de uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado, tal como lo establece el artículo 201 de la Constitución Nacional para la pérdida de la investidura.
No es el primero, ni el único caso, pero puede dejar un precedente del poder ciudadano para castigar a los políticos corruptos.
Por eso es que también muchos de sus colegas siguen especulando con la amnesia ciudadana, con el oparei y con la posibilidad de que otros hechos vayan tapando a este, porque saben que luego la guillotina cívica podrá caer sobre sus cabezas.
Así está también, por ejemplo, el caso del diputado por Paraguarí, Éver Rivas.
Con una similar manera de operar a la de Ibáñez, Rivas hizo figurar en la Cámara de Diputados a tres personas que, en realidad, trabajan en comercios y viviendas de su familia. Por eso Rivas, al igual que otros, tratan de atajar una renuncia de Ibáñez.
La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo, sostenía el desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Por todos estos elementos expuestos, está más que claro que el señor Hurtado no puede seguir estando en la vecindad.