Tres meses de cajoneo de causa de ex fiscal general
La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo e hijos Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo está cajoneada en la Dirección de Asesoría Jurídica de la misma Fiscalía G
A principios del mes de mayo de este año, la Fiscalía General pidió a los fiscales de Delitos Económicos Martín Cabrera (quien ya renunció al cargo) y Leonardi Guerrero, la carpeta fiscal de la investigación.
Fue con la excusa de realizar un análisis de los hechos punibles que habrían cometido Díaz Verón y miembros de su familia, con la escandalosa acumulación de su fortuna en los últimos cinco años.
La encargada de hacer la evaluación y el dictamen es la Dirección de Asesoría Jurídica, a cargo de la abogada Patricia Doria, la misma exdirectora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos que, en diciembre del año pasado, dictaminó que correspondía indagar los bienes de Díaz Verón.
De hecho ese dictamen a favor de la procedencia de la investigación le costó el cargo a Doria en esa Unidad. Luego de unos meses, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, le ofreció el alto cargo que hoy tiene.
Esta dilación impide que se realicen diligencias investigativas. En la causa, además, está recusada la fiscala Victoria Acuña.
La investigación se inició por enriquecimiento ilícito, pero uno de los fiscales intervinientes, José dos Santos, (quien ya renunció al cargo) había convocado a María Selva Morínigo y sus hijos Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo por presunta producción de documentos no auténticos, debido a que habrían conformado la empresa Canto Rodado con G. 2.000 millones. Luego, negaron de que sea el capital y dijeron que eran pagarés.