Exsenador y transportista acusa de corrupto al intendente de Tobatí
El exsenador y propietario transportista Julio “Pichín” Quiñónez (ANR) le calificó de corrupto al intendente de Tobatí Dan González (PLRA). Dijo que por ese y otros motivos no paga tributos a la Municipalidad administrada por el liberal.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El político y empresario transportista caacupeño hizo acusaciones en contra del intendente, el liberal efrainista Dan González, luego de que la Municipalidad clausurara el lunes 30 de julio la terminal de la empresa Villa Serrana con el argumento de falta de pago de patente comercial desde 1997, año en que se instaló en la comunidad.
La Municipalidad exige a la empresa, que cubre el itinerario Tobatí-Asunción-Tobatí el pago de G. 100 millones en concepto de patente comercial correspondientes a nueve años, desde 2009 hasta 2018. Según nuestros cálculos, serían poco más de G. 11 millones por año.
Quiñónez dijo que él paga la patente comercial en la Municipalidad de Caacupé porque es la ciudad sede de su empresa. Explicó que solicitó que la Comuna de Tobatí le cobre como una sucursal, pero que su petición no fue aceptada.
Dijo que el monto máximo que la Municipalidad debe cobrarle en concepto de patente comercial es 400.000 por año por contar una sucursal en la ciudad.
Agregó que hasta 2017 pasado su empresa pagó G. 10.000 por cada boleta de salida de los colectivos desde la terminal de ómnibus de Tobatí. Explicó que dejó de pagar este año porque el manejo es muy informal.
Dejó de abonar también por la habilitación de los ómnibus de su empresa que operan en Tobatí. Decidió hacer este trámite en Caacupé, sede central de la empresa.
Alegó que tomó la determinación
de no pagar más nada a la Municipalidad porque el intendente Dan González es corrupto y que incluso tiene un proceso judicial en la fiscalía de Caacupé. Alegó estar “cansado de los corruptos”.
Exhibió boletas que le expide la comuna de Tobatí en la terminal de ómnibus. Cuestionó que los papeles no tienen sello, sino apenas una media firma o “garabato”. El manejo es totalmente informal,
insistió.
Pedido de intervención
El miércoles, en horas de la noche, se realizó una audiencia pública de la que participaron unas 600 personas. Decidieron exigir a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) la intervención de la empresa Villa Serrana y realizar movilizaciones por tiempo indefinido hasta conseguir el objetivo.