Critican deterioro moral y ético de las instituciones
En los tres poderes del Estado se observa un profundo deterioro de las instituciones, de la moral y la ética de funcionarios, afirma la UGP. En tanto que la ARP dice que el país reclama una ética nueva ante una crisis social intolerable que se vive con la
Ambos gremios, por separado, sientan postura respecto al reclamo de la gente para lograr la renuncia del ahora exdiputado José María Ibáñez (ANR). Este, la semana pasada fue “salvado” por sus colegas de un pedido de pérdida de investidura en la Cámara Baja.
La Unión de Gremios de la Producción, presidida por Héctor Cristaldo, señala que no se puede ocultar la frustración, impotencia, desesperanza y rabia de la ciudadanía ante la impunidad de ciertos actores políticos.
Indica que en los últimos meses la ciudadanía fue impactada por actuaciones, en el ámbito de los tres poderes del Estado, que muestran el profundo deterioro de las instituciones, de la moral y la ética republicana de los funcionarios al servicio del Estado paraguayo.
Dice que la protección al diputado José María Ibáñez no fue más que la gota que colmó el vaso. “La reacción de hartazgo no se produce por un hecho, o un episodio, sino por la acumulación de hechos irritantes, inaceptables, y por el continuo y constante oparei”, expresa.
Indica que el comportamiento de Ibáñez y su blanqueo por parte de la Cámara Baja, “es una señal muy mala de que en política vale todo, ignorando los valores, la ética, los principios republicanos y los compromisos con la ciudadanía asumidos en campaña”.
Por su parte, la Asociación Rural del Paraguay, cuyo titular es Luis Villasanti, festejó el triunfo de la ciudadanía honesta y se adhiere a la defensa de la ética forzando la renuncia del ahora exdiputado.
Los ciudadanos honestos de este país no permitieron que un “ladrón confeso se convierta en símbolo de la corrupción y estandarte de la impunidad, producto de una justicia complaciente”.
Apunta que la decadencia moral de aquellos funcionarios del sector público que deshonran la confianza depositada en ellos por el pueblo hace que “no merezcan representarnos, administrar los bienes públicos ni la justicia”.
Advierte que si en la naturaleza los actos tienen una tendencia a la reproducción, “necesitamos que –por el bien de la salud social– la ciudadanía indignada vaya por más”.
“La impunidad no puede triunfar, no debe triunfar”, puntualiza la ARP.
A partir de una orden judicial, ayer fueron secuestrados insumos y materiales que se encontraban en planta de Acepar; esto, tras el embargo que pesaba sobre los mismos. El procedimiento fue promovido por Loable SA, del rubro carbón, una de las numerosas firmas locales a las que la anterior arrendataria de la acería, Vetorial SA, dejó millonarias deudas.
La planta de Acepar se encuentra paralizada desde enero pasado, tras el retiro de la brasileña Vetorial, que arrendó la fábrica desde 2014 hasta 2017. A lo largo del período, la compañía de Brasil esgrimió diferentes argumentos para no pagar la cuota de arrendamiento y finalmente, después de la rescisión, quedó debiendo a Acepar US$ 6,5 millones y también otros millones de dólares más a proveedores de insumos y clientes.
Por este motivo, Loable SA, de Nicolás Peña, promovió en febrero último un embargo de los insumos y productos que estaban en la acería y ayer logró que se ejecute una orden judicial de secuestro de esos materiales. Según señaló Peña, en el sector aguardan que de nuevo se arriende la fábrica para su reactivación.