Fumigar las plagas del Congreso y la política.
La Patria está de parabienes. La ciudadanía, esa que el diputado liberal Carlos Portillo llama la “gente común”, se ha levantado contra esa clase política corrupta y prepotente que ha privatizado las instituciones de la República para su propio beneficio, el de sus familiares y el de su clientela, lo que permite a la peor especie de esa fauna atornillarse a los puestos de privilegio. Pero sus integrantes le han venido tocando la oreja por demasiado tiempo a la gente decente, que está reaccionando como corresponde en una sociedad libre, para poner en su lugar a los bandidos que se han apoderado de los tres Poderes del Estado. La movilización ciudadana, espontáneamente concertada para repudiar la impunidad otorgada al diputado colorado José María Ibáñez por jueces y políticos, tuvo un éxito completo el pasado lunes al lograr que, finalmente, este político sinvergüenza entendiera que su presencia en el Congreso no era deseada ni siquiera por sus mismos colegas. Pero la solución de su caso no debe cubrir con un manto de olvido de la gente a los demás atorrantes que ejercen representaciones partidarias en el Congreso, como Óscar González Daher, Víctor Bogado, Jorge Oviedo Matto, Carlos Portillo, y otros que tienen cuentas pendientes con la Justicia.
La Patria está de parabienes. La ciudadanía, esa que el diputado liberal Carlos Portillo llama la “gente común”, se ha levantado contra esa clase política corrupta y prepotente que ha privatizado las instituciones de la República para su propio beneficio, el de sus familiares y el de su clientela, lo que permite a la peor especie de esa fauna atornillarse a los puestos de privilegio. Pero sus integrantes le han venido tocando la oreja por demasiado tiempo a la gente decente, que está reaccionando como corresponde en una sociedad libre, para poner en su lugar a los bandidos que se han apoderado de los tres Poderes del Estado.
La movilización ciudadana espontáneamente concertada para repudiar la impunidad otorgada al diputado colorado José María Ibáñez por jueces y políticos, tuvo un éxito completo el pasado lunes, al lograr que, finalmente, este político sinvergüenza entendiera que su presencia en el Congreso no era deseada ni siquiera por sus mismos colegas.
Renunció Ibáñez cuando ya no le quedaba ni el apoyo de sus cómplices de bancada, uno de cuyos líderes, Basilio “Bachi” Núñez (Honor Colorado), hasta hace poco seguía insistiendo en que la campaña contra su colega era meramente mediática, o sea, una especie de engaño periodístico. El mismo Ibáñez se encargó de desmentirlo al reconocer que su presencia en el Congreso era repudiada por la sociedad, pues expresó en su escrito de renuncia: “Estamos en puertas de inicio de una nueva administración política y el país merece resguardar la estabilidad institucional, la armonía social, para que la República pueda seguir la marcha, trabajando entre todos los sectores políticos, económicos y sociales por una agenda orientada al desarrollo”. Se dio cuenta de que en esa agenda él no tenía nada que hacer.
Es, sin embargo, puro palabrerío hipócrita y extemporáneo, presionado por el repudio, porque eso hubiese debido expresar hace cuatro años, al descubrirse su caso de
“los caseros de oro”, cuando tenía que confesarse sinceramente ante la sociedad, manifestando su público arrepentimiento y procediendo a renunciar en el mismo acto.
La fiscala Victoria Acuña explicó entonces que la expectativa de pena del diputado Ibáñez era de un máximo de
siete años y seis meses de privación de libertad por los siguientes delitos: estafa, expedición de certificado falso y cobro indebido de honorarios. El acusado debió ser sometido a juicio oral, pero, sospechosamente, la misma fiscala, junto con su colega Nelson Ruiz, giró después 180 grados, facilitando su blanqueo.
¿Cómo es posible que Ibáñez haya sorteado tan exitosamente el rigor de la justicia? Digámoslo así, porque su renuncia forzada no constituye una sanción sino apenas una beneficiosa salida para la incómoda posición en que dejó al futuro Gobierno de Mario Abdo Benítez. La respuesta se encuentra en la desembozada corrupción que inficiona todos los rincones de los Poderes del Estado y que hace posible que cualquier barbaridad como esta suceda.
Es verdad, la caradurez de Ibáñez tuvo el efecto de convertirle en blanco principal de la ira ciudadana en estos últimos tiempos. Pero la solución de su caso no debe cubrir con un manto de olvido de la gente a los demás atorrantes que ejercen representaciones partidarias en el Congreso, comenzando por el senador colorado Óscar González Daher,
privado de su investidura el año pasado e instalado nuevamente en su banca gracias a las “listas sábana” y a su poder financiero para sufragar gastos electorales.
Tampoco se debe olvidar al senador Víctor Bogado (colorado), Jorge Oviedo Matto (Unace), los diputados colorados Carlos Núñez Salinas y Tomás Rivas y el liberal Carlos Portillo, y los “parlasurianos” liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, entre otros que tienen cuentas pendientes con la Justicia por hechos punibles, completamente inexcusables en quienes se dicen “representantes del pueblo”.
Por eso, si bien la expulsión –porque de hecho se trató de eso, no de una renuncia– de este repulsivo diputado del Congreso supone un motivo de satisfacción para la ciudadanía honesta y participativa, especialmente para los jóvenes, no se debe cometer la ingenuidad de creer que la guerra contra la deshonestidad en la política y en la Justicia está ganada. Todavía estamos bastante lejos de esa ansiada victoria final. Por de pronto, y sin ánimo de ser pesimistas, véase quién reemplazará a Ibáñez en la Cámara de Diputados: nada menos que Juan Carlos “Nano” Galaverna, hijo del cuestionado senador colorado del mismo nombre. El beneficiado ya tuvo su ingreso en el “salón de la fama” –lastimosamente, de la mala fama–, pues este nuevo “valor” adquirido por la ANR fue quien, en 2011, presumiblemente a instancias de su padre, logró ingresar, con el equipo de fútbol que él mismo integraba como jugador –Club 24 de Mayo de Ypacaraí– como supuesto planillero de la Justicia Electoral.
Así, pues, se saca un clavo y se mete otro.
Este episodio ilustra claramente la situación en la que se encuentra nuestra política y la calidad moral de la mayoría de quienes se dedican profesionalmente a ella. La recuperación ética de nuestras autoridades –gobernantes, legisladores, magistrados, jueces y fiscales– no será fácil, como quizás muchos optimistas estén pensando ahora. Pero la ciudadanía, eso sí, demostró anteayer y en los días previos –y como ya lo hizo con anterioridad– que cuando se hace sentir mediante manifestaciones, escraches y demás medios de protesta lícitos y espontáneos, consigue que la mayoría de los lobos políticos angurrientos y sinvergüenzas se amilanen y retrocedan hasta sus guaridas. Se puede afirmar así que fue una magnífica jornada cívica, con amplia participación de los jóvenes, que abre una esperanzadora senda para un futuro venturoso del Paraguay.
Este poder ciudadano emana del ejercicio real, libre, consciente de la democracia participativa, mediante la cual las personas comunes, el hombre y la mujer de “a pie”, consiguen tener injerencia en la administración del poder público para corregir los males y enderezar, siquiera en algunos asuntos, el manejo de los intereses nacionales.
Puede afirmarse, entonces, que nuestro país está por buen camino, que los ciudadanos y las ciudadanas ya no están dispuestos a aceptar a la escoria que llega camuflada en las “listas sábana”, por lo que la promisoria lucha que está en marcha debe continuar, sin amilanarse ante las presiones y otras medidas que, con toda seguridad, impondrán quienes quieren seguir medrando con el Presupuesto público para su beneficio.