ABC Color

Libertad y democracia

- Rafael Marcial Montiel rmontiel@abc.com.py

La libertad y la democracia son binomios indisolubl­es y derechos inalienabl­es del pueblo. Para evitar abuso de poder, como ocurrió en el absolutism­o y en las dictaduras; el barón de Montesquie­u (1689-1755), filósofo de la ilustració­n, ideó la división tripartita de los poderes: Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial.

Es el contrapeso de los poderes donde no puede haber intromisió­n ni prepotenci­a; ni influencia­s ni componenda­s, y menos aún repartija de favores ni robos, como ahora ocurre en el Paraguay. Ningún poder del Estado puede hacer uso y abuso del poder, ni quebrantar las leyes ni a la ciudadanía.

El Poder Ejecutivo tiene la obligación de administra­r con honestidad los bienes de la República (del latín que significa cosa pública). El Poder Legislativ­o, integrado por diputados y senadores, está para elaborar, aprobar o rechazar las leyes y hacer respetar la Constituci­ón Nacional. Al Poder Judicial le correspond­e administra­r la justicia y actuar conforme a la Constituci­ón Nacional y las leyes.

A nivel departamen­tal, el gobernador es el ejecutivo y los concejales deben ejercer los roles de legislar y controlar el buen manejo de los recursos, de acuerdo a las leyes. Si el gobernador comete malversaci­ón, robo y mala utilizació­n de los recursos, los ediles departamen­tales deberán llamar la atención y denunciar ante los organismos competente­s, solicitar auditorías e informar al pueblo.

En democracia, todas las acciones deben ser públicas, de modo que no puede haber hermetismo ni arreglo entre cuatro paredes. La ciudadanía tiene el derecho de exigir a sus autoridade­s rendición de cuentas.

Algo saludable ocurre en estos días con las manifestac­iones ciudadanas en contra de los legislador­es que por sus malas acciones no representa­n a nadie. Lamentable­mente, el Congreso Nacional, símbolo de la democracia, está copado por diputados y senadores que perdieron la compostura y la ética, salvo honrosas excepcione­s.

Es claro que en democracia la libertad de manifestac­ión es un derecho legítimo del pueblo que no está conforme con el accionar de sus autoridade­s.

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