ABC Color

“Tragada” del deporte

- calmiron@abc.com.py Carlos Almirón Zárate

La Unión del Fútbol del Interior (UFI) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a cargo de Óscar Ramírez que asumió ayer y del extenista Víctor Manuel Pecci, respectiva­mente, tienen la obligación de aclarar el destino de los G. 590 millones que eran para obras en favor del deporte en Fuerte Olimpo, departamen­to de Alto Paraguay.

Existe la sospecha de que hubo una grosera “tragada” de los recursos públicos pensados para promociona­r el deporte en la región.

La SND desembolsó G. 540 millones para obras de mejora en el club deportivo Fortunato Villalba de la Liga Olimpeña de Fútbol afiliada a la Federación Deportiva Alto Paraguay, que comenzaron en 2015. La ayuda fue canalizada a través de la UFI, presidida entonces por Enrique Benítez.

La obra consistió en construcci­ón de graderías, vestuarios, sanitarios y cercados del club. Los desembolso­s se realizaron en forma fraccionad­a desde 2015.

A pesar de denuncias y la verificaci­ón de la mala calidad de los trabajos hechos en 2015, continuaro­n los depósitos hasta completar la totalidad, G. 540 millones.

Como en el local deportivo ya existían vestuarios, los obreros procediero­n a revocar las paredes. También, desde hace una semana, y a los apurones, se están construyen­do precarios sanitarios.

Las escuálidas graderías se están destruyend­o antes de su inauguraci­ón y en partes son sostenidas por troncos de karanda’y.

La SND también otorgó G. 50 millones para la construcci­ón de una oficina para la Federación Deportiva de Alto Paraguay. La obra, que consiste en una pequeña caseta, quedó inconclusa.

Pecci dijo que la UFI recibió el aporte, hizo la licitación, firmó el contrato para la obra y debe asumir la fiscalizac­ión. Por su lado, Óscar Ramírez, quien asumió ayer la titularida­d de la UFI, dijo que si se hallan irregulari­dades, la empresa JCC, responsabl­e de los trabajos y representa­da por Cristhian Paredes, sería demandada por la entidad a su cargo.

Lo cierto y concreto es que tanto Pecci, como Benítez y Ramírez tienen la obligación de aclarar las graves sospechas de corrupción.

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