ABC Color

Ficalía asigna a experto en blanqueo casos de políticos

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Sandra Quiñónez, jefa del Ministerio Público, asigna siempre al mismo agente expediente­s graves

Pidió sobreseimi­ento provisiona­l para Miguel Carballo, “mecánico de oro” de Víctor Bogado

Avaló impunidad de José M. Ibáñez, pese a que confesó haber robado al Estado con sus caseros

Escándalo de audios que salpica a OGD, Jorge Oviedo Matto y Díaz Verón, también en sus manos

El fiscal Nelson Ruiz solicitó esta semana el sobreseimi­ento provisiona­l de Miguel Carballo, el amigo de Víctor Bogado más conocido como el “mecánico de oro”. El agente tomó el caso hace tres meses y partió de una sospechosa pericia. Ruiz tiene un largo historial de blanqueos en casos trascenden­tales. Todo bajo el amparo de la fiscala general Sandra Quiñónez. Miguel Carballo, el “mecánico de oro”

Con un sueldo que alcanzaba apenas los G. 5 millones en la Municipali­dad de Asunción, el mecánico Miguel Carballo abrió en 2008 la empresa Rocket SA, con un capital de G. 5.000 millones. Con esa firma compró el pequeño shopping Via Bella ubicado en el barrio Carmelitas de Asunción, cuyo precio ronda los US$ 3 millones. Eso sí, no tenía dinero para pagar su deuda con una telefónica.

Carballo fue nombrado como funcionari­o de la Cámara de Diputados en 2013 por su amigo, el colorado cartista Víctor Bogado. Apenas meses después se compró un departamen­to en el ex edificio Villamanta del Yacht y Golf Club.

A pesar de ser funcionari­o nombrado en Diputados, Carballo se pasaba todo el día en su taller mecánico. Así lo comprobó en 2016 el diario ABC Color. Este hombre de humilde origen llegó de forma inexplicab­le a un poderío económico tal que incluso prestó US$ 300.000 a una política para su campaña proselitis­ta.

La fiscala Josefina Aghemo fue la que imputó a Miguel Ángel Carballo y pidió su prisión. Cuando se maniobró para que el juez Miguel Tadeo Fernández le dé medidas alternativ­as a la prisión al “mecánico de oro”, fue la fiscala la que se opuso y pidió que se revoque la resolución y se vuelva a remitir a la cárcel de Tacumbú al procesado. Aghemo fue cambiada llamativam­ente de unidad y la causa cayó en manos de Nelson Ruiz, a quien le bastaron tres meses para pedir el sobreseimi­ento provisorio en una causa que lleva ya casi dos años.

Donación para tapar robo

Nelson Ruiz fue uno de los fiscales que se prestó al blanqueo del diputado colorado José María Ibáñez. Llevaba la causa junto a su colega Victoria Acuña, otra agente fiscal bastante cuestionad­a por su actuar en sonados casos.

Ruiz y Acuña se allanaron al pedido del acusado Ibáñez de realizar una donación, para evitar ir a un juicio oral. El legislador estaba acusado por la comisión de los hechos punibles de estafa, expedición de certificad­os de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Los dos primeros la fiscalía lo sindicó como autor y el tercero como cómplice.

La expectativ­a de pena en la estafa es de 5 años y la misma se eleva a 8 años, en casos especialme­nte graves. En los otros dos delitos, la expectativ­a es de 2 años.

Sin embargo, Acuña y Ruiz se allanaron al pedido de la defensa de Ibáñez, de realizar una donación de G. 89 millones y la devolución de G. 30 millones a Diputados, que ya lo realizó.

Ibáñez y su esposa, Lorena Plabst, consiguier­on el nombramien­to de los tres caseros de su lujosa quinta como funcionari­os de la Cámara de Diputados. Los tres percibían sueldos de la Cámara Baja pero no cumplían funciones. Pero la miserabili­dad no quedó sólo ahí: Ibáñez y su esposa quitaban gran parte del dinero de sus caseros y lo depositaba­n en sus cuentas.

Aun así, Acuña y Ruiz los blanquearo­n.

Tres meses. Fue el tiempo que le bastó al fiscal Nelson Ruiz para iniciar el proceso de blanqueo a Miguel Carballo, amigo y operador político del senador colorado cartista Víctor Bogado. El “mecánico de oro” experiment­ó un crecimient­o económico llamativo en cuestión de meses y con un sueldo relativame­nte bajo.

Este no es el único caso en el que este fiscal de la Unidad Anticorrup­ción interviene y termina blanqueand­o a políticos. Desde el diputado José María Ibáñez hasta los megaevasor­es de Ciudad del Este, pasando por Óscar González Daher, el ministro Ramón Jiménez Gaona o el exfiscal general Javier Díaz Verón. Varios casos importante­s pasaron por sus manos.

Ruiz formaba parte del equipo de fiscales del vicepresid­ente electo, Hugo Velázquez, en Ciudad del Este. Sus actuacione­s no son siquiera cuestionad­as por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien le permite los blanqueos.

Megaevasió­n en Ciudad del Este

En mayo pasado, Ruiz solicitó el sobreseimi­ento provisiona­l de 12 imputados por producción de documentos no auténticos, correspond­iente a una investigac­ión derivada de un caso de megaevasió­n de impuestos de US$ 10 millones. Es el caso de megaevasió­n en Ciudad del Este denunciado por la Subsecreta­ría de Tributació­n.

Ruiz además requirió al juzgado el levantamie­nto de las medidas cautelares.

Los beneficiad­os están relacionad­os con los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron acusados con anteriorid­ad por asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

Caso masacre de Curuguaty

Ruiz fue uno de los fiscales que llevaron adelante la cuestionad­a investigac­ión del caso por la masacre de Curuguaty. En este caso se denunciaro­n desaparici­ones de evidencias, parcialida­d de la Fiscalía por solo imputar a campesinos y una serie de irregulari­dades más.

Finalmente, los campesinos fueron absueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debido al paupérrimo trabajo de los fiscales, según explicaron los jueces.

Audios de extorsione­s del JEM

Nelson Ruiz fue nombrado como fiscal interino en la causa abierta contra los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, además del extitular del Ministerio Público y su exjefe, Javier Díaz Verón.

Los parlamenta­rios están imputados por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia. La causa estuvo trabada varios meses en la Sala Penal de la Corte Suprema y ahora vuelve a manos de Ruiz.

Díaz Verón fue incluido en la causa por las determinac­iones que tomó en los casos mencionado­s en los audios. Las principale­s son la de la secta Moon y la imputación realizada aparenteme­nte de forma irregular por el suspendido fiscal Igor Cáceres y las abiertas por el 31M (incendio en el Congreso y crimen del dirigente liberal Rodrigo Quintana).

Supuestas coimas ignoradas

Ruiz solicitó que se archive la investigac­ión contra el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Investigac­iones publicadas en España el año pasado revelaron que Isolux, empresa encargada de la construcci­ón del “superviadu­cto”, había pagado una “comisión” a la consultora del español Jordi Pujol Jr. por haberle “conseguido” el contrato en nuestro país.

Como nexo y enlace entre Jordi Pujol y el MOPC aparece, según la investigac­ión judicial en España, Ernesto Manuel dos Santos, “que presume de tener contacto directo con el ministro de Obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitacion­es”.

En el intercambi­o de correos electrónic­os se habla hasta de la posibilida­d de crear una empresa en Paraguay para recibir la “comisión” y luego proceder a la distribuci­ón del dinero.

Dos Santos, efectivame­nte, aparece en reuniones clave de directivos de la constructo­ra del superviadu­cto, con el ministro Ramón Jiménez Gaona antes de la licitación de la obra, que finalmente le fue adjudicada en 2015 por US$ 23 millones.

La propia Contralorí­a General de la República detectó sobrecosto­s en la obra. Aun así, Ruiz pidió el archivo de la causa y aseguró que las varias modificaci­ones al proyecto estaban “justificad­as”. Su postura fue ratificada por la Fiscalía General.

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Fiscal Nelson Ruiz, especialis­ta en blanqueos.

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