Blindaje de la Corte al corporativismo judicial
Para Porfirio Garcete, abogado de Editora del Este SA (diario Vanguardia), la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar fallos que censuran a la prensa obedece al propósito de blindar el corporativismo judicial.
En una decisión unánime, los ministros de la sala constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña rechazaron “in limine” la acción promovida por los abogados Porfirio Garcete Vega e Yrma Griselda Núñez Cabañas, con patrocinio del doctor César Coll Rodríguez, contra fallos judiciales de mayo y junio pasado que prohíben la difusión de información respecto al proceso por acoso abierto contra un docente de una universidad de Ciudad del Este.
Garcete afirma que a través de la sentencia que rechaza su acción la sala constitucional “sepulta a notorios e inexcusables extravíos procesales” cometidos por magistrados inferiores, en abierta contraposición a las normas constitucionales que garantizan el debido proceso, la libertad de expresión y prensa, así como la prohibición de censura previa, además de un inexcusable desconocimiento de las reglas básicas para el trámite y la procedencia del amparo.
“La decisión de la Corte deja un enrarecido ambiente, ya que parecería que la misma obedece simplemente a una cuestión que busca blindar el corporativismo por encima del ineludible precepto de justicia que debe ser sostenido por este Poder del Estado. La Corte en una medida arbitraria y cómoda intenta eludir el estudio profundo de la cuestión sometida a su consideración y recurre, de manera sorprendente, a resoluciones formularias del mismo tipo que ella critica en su propio considerando”, afirmó Garcete.
“La violación al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que viola tanto el derecho de cada persona a expresarse como el derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”, agregó.
Antecedentes
El amparo, promovido por la Universidad Tres Fronteras (Uninter) y su rectora
Nancy Romero de Duarte contra varios medios de comunicación, con el objeto de prohibir la difusión de imágenes e información sobre la denuncia de acoso presentada por una docente contra el ingeniero Gustavo Duarte
Ruiz Díaz, director y propietario de la citada institución, tuvo fallo favorable ante el juez penal de garantías Amílcar Marecos, posteriormente ratificado por los camaristas Mirian Meza y Aniceto Amarilla.