Cartes se va con más penas que gloria.

El presidente Horacio Cartes está llegando al término de su deplorable gestión gubernativa dejando ver su verdadera hilacha autoritaria, al responder “balines de goma” cuando se le requirió sobre las manifestaciones juveniles. Y, como corolario, deja sobre las espaldas de los paraguayos una pesada carga: la ley que promulga las notas reversales Cartes-Macri, que una vez más deja en indefensión los intereses nacionales en Yacyretá. Deja también como legado una enorme deuda externa de 7.761 millones de dólares –un 60% más que cuando asumió en 2013– que deberán soportar las futuras generaciones. Ciertamente, se ha mostrado activo en la ampliación de la red vial, pero sobre sus licitaciones públicas pesaron serios indicios de corrupción. La ciudadanía recuerda su promesa de que la banda criminal del EPP no le iba a “marcar la agenda”. Y bien, durante su gobierno el EPP se mostró más activo que nunca. Intentó violar la Constitución para conseguir la reelección a través de una inconstitucional enmienda, y luego para que magistrados prevaricadores le consintieran su elección como senador activo, en vez de vitalicio. Es probable que en el futuro no sintamos nostalgia de este gobierno que se va con más penas que gloria, pero debemos agradecerle por la lección que dio de que los mejores defensores del sistema democrático son los propios ciudadanos.

El presidente Horacio Cartes está llegando al término de su deplorable gestión gubernativa dejando ver su verdadera hilacha autoritaria, cuando al ser requerida su opinión sobre la manifestación de los jóvenes contra la aprobación de las notas reversales de Yacyretá, respondió: “balines de goma”. Si bien luego pidió disculpas, probablemente cuando algún colaborador le hizo notar la enormidad de su expresión, es indudable que lo que dijo le pintó de cuerpo entero, como un prepotente. Y, como corolario de su pésimo gobierno, deja sobre las espaldas de los paraguayos y paraguayas una pesada carga: la ley que promulga las notas reversales Cartes-Macri, que obligan al Paraguay a financiar la mitad de la central hidroeléctrica de Aña Cua, a ser construida totalmente en nuestro territorio pero en beneficio exclusivo de la Argentina, y que dejan en manos de este país la administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Además, las notas reversales cargan sobre esta una deuda indocumentada de más de 4.000 millones de dólares, y postergan hasta 2033 el pago de la compensación por territorio paraguayo inundado por la represa. Este indignante colofón no desentona con el fementido “nuevo rumbo” anunciado hace cinco años, al menos en lo que hace a la indefensión de los intereses nacionales en las dos grandes usinas hidroeléctricas. Nada hizo que lo distinga de sus claudicantes predecesores, y con su última medida solo acentuó el entreguismo. Se recordará también que su gobierno iba a estar integrado por una suerte de “selección nacional”, es decir, por hombres y mujeres sobresalientes por su idoneidad, su honestidad y su dinamismo. En realidad, estuvo conformado en gran parte por mediocres e inescrupulosos, que no contribuyeron al lustre al Poder Ejecutivo. Si hubo alguna novedad en cuanto al personal de alto rango, fue la infeliz intervención de gerentes del Grupo Cartes como asesores ad honorem irresponsables ante el Congreso, y hasta en reuniones del Consejo de Ministros. El Jefe de Estado, evidentemente, confundió entre el Gobierno de un país y la administración de un conglomerado de empresas. Según datos conocidos, bajo este gobierno “solo” se crearon algo más de 22.000 nuevos cargos, que representan menos de la mitad de los creados bajo los dos últimos gobiernos que le antecedieron. Con todo, es una cifra enorme considerando la superpoblación de la Administración Pública. Y ni qué decir, no se animó a reducir el enorme aparato estatal, cuyos bien remunerados funcionarios y contratados siguen devorando casi el 70% de los ingresos fiscales. En vez de eso, Horacio Cartes emitió bonos soberanos, tanto para financiar obras públicas como para pagar deudas vencidas, es decir, se dedicó también a “bicicletear”. Deja como legado una deuda externa de 7.761 millones de dólares –un 60% más que en 2013– que deberán soportar las futuras generaciones. Ciertamente, el MOPC se ha mostrado bastante activo en lo que respecta a la necesaria ampliación de la red vial, pero sobre sus licitaciones públicas pesaron serios indicios de corrupción. En este punto, cabe recordar la incumplida promesa presidencial de “cortar la mano a los corruptos”. Se ha venido robando a mansalva, pese a que hay una Secretaría Nacional Anticorrupción, directamente dependiente del Jefe del Poder Ejecutivo. Este gobierno nada ha hecho para sanear la administración pública, de modo que siguen a la orden del día el tráfico de influencias, las sobrefacturaciones, el soborno y el peculado. Para demostrarlo, allí están en sus cargos dos docenas de opulentos funcionarios aduaneros, que han realizado maravillas con sus salarios para haber acumulado tantos bienes, a tal punto que fueron bautizados popularmente como “magos de las finanzas”. Debe recordarse que, en el inicio de su gestión, Cartes realizó un llamado a la honestidad a sus jefes, quienes, por algún motivo, no lo tomaron en serio. La ciudadanía recuerda también que, en su discurso de asunción al cargo, el Presidente anunció, con la mayor firmeza, que la banda criminal EPP no le iba a “marcar la agenda”. Y bien, desde que ganó las elecciones, ese pequeño grupo secuestró a ocho personas –dos de ellas siguen en su poder– y mató a 21 civiles, a nueve policías y a 11 militares, es decir, delinquió mucho más que antes, pese a que la Fuerza de Tarea Conjunta, creada bajo el actual gobierno, ya ha consumido más de 70 millones de dólares. Este fiasco mayúsculo debe ir a la cuenta del Jefe de Estado, uno de cuyos empleados particulares llegó a participar en una de las operaciones fallidas de la FTC. Y, por supuesto, no puede escapar a la responsabilidad política que le corresponde por el asesinato de un joven en la sede del PLRA asaltada por fuerzas policiales, en el marco de los graves incidentes de la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2017, provocados durante las manifestaciones de rechazo a su insensata pretensión de continuar en el poder mediante una enmienda inconstitucional. Aquella ignominiosa aventura, que reveló con claridad su escaso apego a las leyes, es quizá el peor baldón de su gobierno. Tras la derrota propinada por la resistencia ciudadana, volvió a la carga para convertirse en senador activo, llegando al colmo de acordar una sucesión en el poder con la por entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta, para que su candidatura ilegítima fuera convalidada en esa instancia. Es decir, primero convenció a unos senadores, acaso no precisamente con argumentos, para que en una sesión clandestina le allanaran el camino a la reelección, y luego hizo lo propio con unos ministros de la Corte para que prevaricaran en su beneficio. También en este último caso, la indignación popular obligó a que su renuncia al sillón presidencial no fuera tratada por el Congreso y a que no pudiera jurar como senador activo espurio. Estos dos acontecimientos ilustraron a qué graves extravíos puede conducir la excesiva ambición personal, y sirvieron para apreciar que la movilización de la gente es indispensable cuando el Estado de derecho se halla amenazado. Si algo hay que agradecer a Horacio Cartes, es haber enseñado, sin quererlo, que los mejores defensores del sistema democrático son los propios ciudadanos, ya que no podemos confiar para el efecto en las autoridades de los tres Poderes. No debemos olvidar esta premisa porque el interés general debe ser preservado, a toda costa, frente a quienes pretendan perpetuarse en el poder. Es probable que en el futuro no sintamos nostalgia alguna por el gobierno que se va con más penas que gloria, pero le estaremos agradecidos por la involuntaria lección impartida de que