Procesados, Díaz Verón y esposa ya no pueden disponer de sus bienes
El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo de Díaz ya no pueden disponer de sus bienes. Por disposición de los jueces José Agustín Delmás y Julián López, ambos soportan desde ayer embargo e inhibición general de ven
Tras procesar a María Selva Morínigo por lavado de dinero, como primera medida el juez Delmás decretó el embargo de todos los bienes existentes a su nombre, así como la inhibición de vender y gravar bienes y notificó su decisión a la Dirección General de Registros Públicos, para su cumplimiento. Asimismo, Delmás convocó a Morínigo para una audiencia de imposición de medidas a realizarse el próximo 21 de agosto, a las 08:30.
Posteriormente, el juez Julián López tomó idéntica determinación con relación al exfiscal Javier Díaz Verón, tras procesarlo por enriquecimiento ilícito y convocó para el 24 de agosto a las 10:00, para la audiencia de imposición de medidas. La restricción afecta a cuentas y bienes existentes en todas las entidades financieras.
En atención a que ambos cuentan con orden de detención, en caso de incomparecencia injustificada, el juzgado procederá a decretar la rebeldía y correspondiente orden de captura.
Una investigación realizada por nuestro diario, reveló que el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo aparecen como propietarios de la empresa Canto Rodado SA, con capital de G. 2.500 millones.
Morínigo es abogada y exfuncionaria del Fondo Ganadero. Aparece como propietaria de las empresas Canto Rodado y Salty River, en auge desde que su esposo accedió al alto cargo. Díaz Verón posee una estancia modelo que aparece a nombre de su suegra. Tiene 250 cabezas de ganado de la raza Brahman y Nelore, con un costo de G. 4.000.000 cada una, es decir, solo en vacunos registró G. 1.000 millones. Ante la inacción de la Fiscalía, la Coordinadora de Abogados del Paraguay realizó la denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en octubre del año pasado.
Detención y pedido de prisión
El martes último, la fiscala María Estefanía González imputó a Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y a su esposa por lavado de dinero y ordenó la detención de ambos, tras sostener que no tienen cómo justificar un patrimonio de G. 6.000 millones. Además del embargo e inhibición general de vender y gravar bienes, González solicitó la prisión preventiva para ambos.
Respecto a la medida restrictiva de libertad, González argumenta que se hallan reunidos los elementos para la aplicación de la prisión, en primer lugar porque “los hechos atribuidos a Francisco Javier Díaz Verón son subsumidos dentro de un hecho punible calificado como crimen, en concordancia con las disposiciones del art. 13 del Código Penal; sin embargo, se cuenta con suficientes elementos de convicción en relación a la comisión de hechos punibles considerados graves, por la forma planificada y realizada”.
“También es necesaria la presencia de los imputados para su sometimiento al proceso y existen hechos suficientes para sostener que son autores de los hechos punibles mencionados y existe igualmente la presunción sobre el peligro de fuga y obstrucción”, agregó.
En declaraciones a la prensa, González no descartó ampliar la investigación, respecto a un perjuicio superior y en el sentido de imputar a otras personas.