EDITORIAL
Maletines para nuevos “padrinos”. Impotente ante la baja recaudación aduanera, el exministro de Hacienda Santiago Peña afirmó hace dos años que la Dirección Nacional de Aduanas debería volver a dicha cartera. El Ministerio poco o nada podía hacer, porque quien lideraba la DNA, Nelson Valiente, públicamente se consideraba un subordinado directo del presidente Horacio Cartes. El actual ministro de Hacienda, Benigno López, opinó lo mismo que su antecesor, señalando la necesidad de que Aduanas dependiera directamente de esa secretaría de Estado. En verdad, para el efecto, no haría falta alterar el Código Aduanero, pues su art. 384 dice que esa institución es “de carácter autónomo, dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda...”. El ministro López también dijo que no querría en su ministerio a personas que no puedan darle confiabilidad, en posible referencia a los veinte “magos de las finanzas”, algunos de ellos imputados hoy por la Fiscalía. Pero, al mismo tiempo, afirmó que no habría “barrida” de los aduaneros, sino una mera “rotación”. En la práctica, significa que quienes se enriquecieron ilícitamente seguirán tan campantes, pues irán a otras aduanas donde continuarán recaudando para la corona y para ellos mismos, lo que quiere decir que los “maletines” seguirán llegando, solo que a nuevos padrinos.
Impotente ante la baja recaudación aduanera, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, afirmó hace dos años que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) debería volver a dicha cartera, al tiempo de calificar de “claramente insuficientes” las medidas que tomaba la DNA para aumentar sus ingresos. En efecto, según la entonces viceministra de Hacienda, Lea Giménez, entre enero y julio de 2016 la DNA había recaudado ¡314.000 millones de guaraníes menos que en igual lapso del año anterior! Empero, el Ministerio poco o nada podía hacer, porque quien lideraba la DNA, Nelson Valiente, públicamente se consideraba un subordinado directo del jefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes.
Antes y después de asumir su cargo, el actual ministro de Hacienda, Benigno López, opinó lo mismo que su antecesor, señalando la necesidad de que Aduanas dependiera directamente de esa secretaría de Estado.
En verdad, para el efecto, sería innecesario alterar el Código Aduanero, pues su art. 384 dice que esa institución es “de carácter autónomo, dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, encargado de aplicar las disposiciones legales correspondientes”. Por tanto, el organigrama del Anexo I del Decreto reglamentario N° 4672/05, que fija la estructura organizacional de la DNA, está encabezado por el Ministerio de Hacienda, sin que allí aparezca una línea de mando entre ella y la Presidencia de la República. Distinto es el caso, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, desprendida del Ministerio de Hacienda por la Ley N° 3439/07, que la define como una institución autónoma y autárquica, “dependiente del Poder Ejecutivo”, razón por la cual dicha cartera no aparece en su organigrama. O sea que, antes que preocuparse por modificar el Código Aduanero, el ministro López –también muy inquieto por los magros ingresos aduaneros– debería empezar a ejercer su poder jerárquico frente al nuevo jefe de la DNA, Julio Fernández. Es de desear que este no invoque que depende del presidente Mario Abdo Benítez.
Por de pronto, el titular de Hacienda cree que sería bueno que el subordinado explicara la tarea que realizará para transparentar la DNA y tornarla eficiente. También señaló que él no querría en su Ministerio –admitiendo tácitamente que la institución recaudadora formara parte del mismo– a personas que no puedan darle confiabilidad, con lo que es de suponer se habrá referido a los más de veinte “magos de las finanzas”, algunos de ellos hoy imputados por el Ministerio Público. Empero, su comprensible rechazo quedó desmentido por su propio anuncio de que no habría una “barrida” de los aduaneros, sino una mera “rotación” de esos funcionarios. Esto significa que quienes se enriquecieron ilícitamente seguirán tan campantes, pues solo serán trasladados de una dependencia a otra. Irán con sus mismos vicios a otras aduanas, donde continuarán recaudando para la corona y para ellos mismos, lo que significa que los “maletines” continuarán llegando a placer, solo que a nuevos padrinos políticos. Por esto es que ninguno de los aduaneros ladrones es denunciado para que vaya a la cárcel y devuelva los bienes ilícitamente acumulados.
Como siempre también ocurre, es probable que las nuevas autoridades de Hacienda se jacten en los primeros meses de que aumentaron considerablemente las recaudaciones, proporcionando cifras comparativas con las de gobiernos anteriores. Pero, al poco tiempo, las aguas volverán al cauce normal de la corrupción, una vez que se hayan producido los necesarios reajustes en materia de padrinazgos.
Para que todo siga igual, los célebres maletines tendrán entonces nuevos receptores en el marco de una redistribución de la riqueza mal habida, consecuencia natural del cambio ocurrido en el Palacio de López.
De acuerdo a nuestra triste experiencia, los posibles “castigos” que pueden temer los aduaneros ladrones –si su caso tomó estado público y fue muy notorio– son que pasen al “freezer”, se les pida la renuncia o sean destituidos ,lo que desde luego no implicará que se queden en la calle, ya que lo robado con tantas ganas les servirá para tener una “jubilación” dorada. Nada de devolver lo apropiado ilícitamente, como dispone la ley. Del cotejo de sus declaraciones juradas de bienes y rentas no saldrá absolutamente nada, y, en caso de que salga, el informe se guardará bajo siete llaves, por orden del “padrino”. En este sentido, la labor de la Contraloría General de la República tiene un fenomenal aplazo.
Debe recordarse que el art. 286 del Código Procesal Penal obliga a los funcionarios a denunciar los hechos punibles de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Quien ignora este deber no es más que un encubridor, que también debe ser procesado. Por supuesto, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio cuando se entera de que un aduanero permite el contrabando o la subvaluación de los productos importados o cuando resulta evidente que su patrimonio no guarda relación con el salario que percibe.
Según el flamante ministro de Hacienda, el Jefe de Estado se comprometió a combatir la informalidad, la evasión y el contrabando. En su programa de gobierno, llamado Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, le dedica a la corrupción un par de breves líneas, entre ellas, en el apartado sobre la DNA, prometiendo “la implementación de tecnologías capaces de evitar el contrabando y la corrupción”. En realidad, para evitar esas fechorías es más importante contar con un personal idóneo, honesto y dinámico. Si el Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA) ha servido de poco o nada, es porque su operación está en manos de sinvergüenzas.
Es preciso recuperar de la corrupción a una institución tan importante para el desarrollo del país como la Dirección de Aduanas, comenzando a ponerlas bajo la conducción de quien debe ser su jefe natural, el ministro de Hacienda, y que este sea una persona honesta. Se la debe rescatar de las garras de aduaneros ladrones, quienes, en vez de ser trasladados, deben ir a la cárcel y devolver lo robado.