Detectan a funcionarios con altos salarios y sin funciones
Líderes de diferentes bloques partidarios de la Cámara de Diputados acordaron conformar una mesa de trabajo para dar funciones a los cientos de funcionarios permanentes con salarios por encima de los G. 7 millones que no cuentan con una función específica.
La medida surge después de las críticas de algunos parlamentarios sobre los cambios realizados por el titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), quien ordenó a la Dirección de Recursos Humanos realizar un relevamiento general de cada funcionario de la institución legislativa.
La presidencia de Diputados sigue aguardando el listado requerido la semana pasada a los diputados reelectos para realizar el relevamiento final que también se realiza a todas las dependencias de la cámara.
El titular de Diputados indicó que existen funcionarios que son profesionales, tienen buenos rubros pero no cumplen ninguna función en la cámara.
Dirección médica
La pequeña clínica con que cuenta la Cámara Baja tiene un plantel de 22 funcionarios, de los cuales cinco son médicos, cuatro son enfermeras, cuatro son psicólogas, dos son odontólogas, tres son nutricionistas y hay una obstetra y tres cumplen funciones administrativas.
La bancada de Patria Querida sugirió al titular de Diputados que el personal de blanco cumpla servicios de atención médica en las penitenciarías del país. Sin embargo, la propuesta de la presidencia es que los mismos atiendan en los barrios aledaños a la cámara.
El presidente de Diputados indicó que no descartan que el personal de blanco atienda en las cárceles y que ello también podría darse incluso los días sábados.
Entre los funcionarios se encuentra la hija de la exdiputada Perla Acosta, Leticia Paredes Acosta, quien es médica y en el 2013 fue imputada por cobrar cinco salarios de forma irregular. Para zafar de ir a la cárcel pagó G. 188 millones.
La Cámara de Diputados cuenta con una pequeña clínica médica a pesar de que tiene un servicio médico y odontológico que no se descuenta del salario de los diputados y funcionarios, sino se eroga del dinero del contribuyente.
El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) había presentado un proyecto de ley para eliminar el pago del seguro médico privado y que los funcionarios públicos sean incorporados al Instituto de Previsión Social (IPS), a sabiendas del servicio colapsado del sistema.