Masiva presión ciudadana para exigir desafuero de la expresidenta Cristina
Argentinos indignados por la corrupción imperante durante el gobierno kirchnerista presionan al Congreso de su país con multitudinarias marchas para que autorice el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se realicen allanamientos a
BUENOS AIRES (AFP, EFE). El mitin, convocado a través de las redes sociales, se realizó primero frente al Congreso, en Buenos Aires, y se fueron sumando ciudadanos indignados de varias provincias. Exigen además la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, para poder recuperar de manos de los corruptos los bienes robados al Estado.
“¡Cárcel a Cristina!” y
“Retornen lo robado”, gritaban participantes de las masivas marchas en la capital argentina, en su mayoría personas de la clase media porteña (habitantes de la capital) donde la senadora cosecha el mayor rechazo.
El Senado debe debatir hoy si autoriza los allanamientos de los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Santa Cruz y El Calafate a pedido del juez investigador Claudio Bonadio.
Bonadio tiene a su cargo la megacausa conocida como “los cuadernos de la corrupción”, que involucra a exfuncionarios de los dos períodos de gobierno de Kirchner (2007-2015) y más de una veintena de grandes empresarios contratistas de obra pública.
Muchos de ellos evitaron la cárcel al declarar ante Bonadio que aportaron dinero sin declarar a las campañas de Kirchner.
Fernández es senadora desde 2017 y cuenta con inmunidad parlamentaria. Aunque no puede ser detenida, sí se la puede imputar y condenar.
El legislativo argentino debió tratar el pedido la semana pasada, pero fracasó por falta de quorum. La mayoría de la cámara rechaza aprobar un desafuero sin una condena firme.
Fernández, que sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en la causa judicial que se inició sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación Óscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega del dinero.
La exmandataria es investigada por la justicia argentina en seis causas, entre ellas asociación ilícita, encubrimiento, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Otros detenidos
El caso del “cuadernazo” involucra también a los más grandes empresarios de Argentina, entre estos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
También figuran exdirectivos de la compañía ítalo-argentina Techint y representantes de la Cámara de la Construcción. Entre ellos, figura Gabriel Romero, quien afirmó haber pagado sobornos para conseguir la renovación de un contrato para operar en la hidrovía del Paraná-Paraguay.
A la lista de arrepentidos, se sumó esta semana Claudio Uberti, un exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), muy cercano al gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
La expresidenta se defendió asegurando que las acusaciones en su contra se deben a que durante su gobierno afectó “intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos”.
El diputado oficialista Jorge Enríquez presentó ayer un proyecto para modificar la ley de fueros de modo que ya no sea necesario que el Congreso autorice un allanamiento a una propiedad de un legislador cuando un juez pretenda hacer este tipo de procedimiento.
Su proyecto procura “eliminar un privilegio arbitrario e inconstitucional y favorecer el principio de igualdad ante la ley”.