¿Tuerca, tuerca, tuerca?
El Ing. Luis Reinoso, extitular de Conatel y miembro del equipo de transición al nuevo Gobierno por el “abdismo”, declaró que los contenidos de los medios de comunicación locales deben ser regulados porque los “excesos” de la libertad de expresión habrían convertido a esta en “libertinaje”. Profirió tal barbaridad en un debate sobre los “Desafíos del periodismo del siglo XXI y la libertad de expresión”, realizado en nuestra capital. De sus alarmantes palabras se desprende que uno de los desafíos que hoy enfrenta el periodismo paraguayo es justamente la aparición de personajes de esta índole en el entorno gubernativo. Puede pensarse que el Ing. Reinoso anhela el retorno de una dictadura que censure las opiniones que le disgustan y castigue a quienes las emitan. El presidente Mario Abdo Benítez debe pronunciarse claramente sobre la materia, para que la población sepa si garantizará, como corresponde, la libre expresión y la libertad de prensa, o si estamos volviendo a la sombría época de la “tuerca, tuerca, tuerca” que imponía el tenebroso ministro del Interior de la dictadura stronista, Sabino Augusto Montanaro. Más que nada, el Presidente debe dar por seguro que los ciudadanos y las ciudadanas ya no están dispuestos a permitir que se les confisquen sus libertades.
El mismo día en que el autoritario presidente boliviano Evo Morales habló de la necesidad de una “ley contra la mentira”, es decir, contra la libertad de prensa, el ingeniero Luis Reinoso –extitular de la Conatel y miembro del equipo de transición al nuevo Gobierno por el “abdismo”– declaró que los contenidos de los medios de comunicación locales deben ser regulados porque los “excesos” de la libertad de expresión habrían convertido a esta en “libertinaje”.
Profirió tal barbaridad en un debate sobre los “Desafíos del periodismo del siglo XXI y la libertad de expresión”,
realizado en nuestra capital. De sus alarmantes palabras se desprende que uno de los desafíos que hoy enfrenta el periodismo paraguayo es justamente la aparición de personajes de esta índole en el entorno gubernativo.
Puede pensarse que el ingeniero Reinoso anhela el retorno de una dictadura que censure las opiniones que le disgustan y castigue a quienes las emitan. Ante tan grave peligro, vale la pena transcribir, para recordar al referido personaje y a sus compañeros en la intolerancia, el art. 26 de nuestra Constitución: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.
Por si no bastara para asegurar que toda persona pueda expresarse e informarse sin temer las represalias del Gobierno, el art. 27 dice en su primera parte que “El empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público”.
Como puede observarse, la Constitución valora y protege el derecho de las personas a no tener cortapisas en su libre expresión, pues ella es la madre de todas las demás libertades. En contrapartida, intentar enmudecer a la gente es el primer paso al que recurren los gobernantes con vocación autoritaria, pues una sociedad sorda y muda es apropiada para que en su ámbito florezcan las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y otros abusos.
Pero se puede ir más lejos, para mejor ilustración de quien pretende que la libertad de prensa, en particular, sea restringida so pretexto de regularla. Como también los tratados, convenios y acuerdos internacionales integran nuestro ordenamiento jurídico, cabe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagra en su art. 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Esa norma está reproducida, en idénticos términos, en el art. 4º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada el mismo año por la IX Conferencia Internacional Americana.
Para reforzar esas libertades, los Estados –entre ellos el Paraguay– que en 1969 aprobaron la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), incluyeron el art. 13, cuyos primeros apartados rezan: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
No puede ser más clara en el mismo sentido la Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994 por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, que expresa: “1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Hay muchos más de estos postulados claramente firmes en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, que dudamos que el citado personaje del equipo de transición y otros hombres clave del Gobierno actual ignoren. Si a esto se suma el proyecto de convertir la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) de la Presidencia de la República en un superministerio que engloba organismos estatales claves en la materia, el panorama no puede ser más preocupante.
Por eso, no puede descartarse que estemos frente a un intento serio de regresión autoritaria, para lo cual poner trabas a la prensa es el primer paso indispensable, como nos demuestran hoy las nuevas dictaduras que han surgido en nuestra región, fundamentalmente de la mano del bolivarianismo.
La libertad de expresión y de prensa han sido de las garantías más preciadas conquistadas en estos 29 años de democracia. Han permitido defender y reclamar derechos sin los cuales hubiera sido impensable construir el país.
Han garantizado denuncias de violaciones de derechos humanos y revelaron saqueos al Estado paraguayo; permitieron develar realidades que los poderes fácticos intentaron ocultar y ayudaron a garantizar la vigencia de libertades consagradas a cada ciudadano paraguayo. Así, pues, el solo pensar en despojar de tan grandes conquistas es una irresponsabilidad; y verbalizarlas cuando se tiene una investidura con el ropaje del nuevo Gobierno, una barbaridad.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe pronunciarse claramente sobre la materia para que la población sepa si garantizará, como corresponde, la libre expresión y la libertad de prensa, o si estamos volviendo a la sombría época de la “tuerca, tuerca, tuerca” que imponía el tenebroso ministro del Interior de la dictadura stronista, Sabino Augusto Montanaro. Más que nada, el Presidente debe dar por seguro que los ciudadanos y las ciudadanas ya no están dispuestos a permitir que se les confisquen sus libertades.