Por un voto, Senado tratará en una semana derogación de autoblindaje
Con una ajustada votación, el Senado resolvió analizar en una semana la derogación de la reglamentación de la pérdida de la investidura parlamentaria, más conocida como “Ley de autoblindaje” o “autobandidaje”. También se analizará la ley que hace pública
El pedido para derogar la denominada ley de autoblindaje fue presentado por el senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional), quien está imputado por supuesta perturbación de la paz pública.
Cubas contó con el apoyo de las bancadas opositoras, sin embargo, los colorados cartistas y de Añetete se opusieron y pidieron postergar el tratamiento durante 15 días bajo el argumento de que la propuesta no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista), titular de dicha comisión, sostuvo que Cubas pretendía “violentar la institucionalidad” del Senado al no esperar el dictamen.
En cambio, Cubas se mostró fastidiado y acusó a sus colegas de buscar retrasar el proyecto para mantener vigente la cuestionada ley de blindaje, que protege a los legisladores de perder su investidura salvo se consigan 30 votos en su contra de un total de 45 legisladores. Anteriormente, el requisito era de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.
El pedido para tratar la derogación en una semana necesitaba 23 votos y se vivieron momentos de tensión cuando según los números solo reunía 22 votos. Pero a último momento llegó la senadora Desirée Masi (PDP), quien finalmente votó mediante el permiso que le otorgó el titular del Congreso Silvio Ovelar (ANR, Añetete).
Declaración jurada
Posteriormente el senador Paraguayo Cubas también pidió que se trate en una semana la ley que obliga a la Contraloría General de la República a divulgar las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios y legisladores del país.
La propuesta fue llevada a votación y reunió 39 votos a favor de 41 presentes.
Periodista de nuestro diario impulsó acciones judiciales para que la Contraloría haga pública las declaraciones juradas. La Justicia falló a favor de los comunicadores en varias instancias, pero el contralor interpuso numerosas chicanas y el caso está cajoneado en la Corte.
A raíz de esta situación, Cubas presentó su proyecto ante el Senado.