Deben irse todos.

El aún senador Jorge Oviedo Matto, a quien según audios difundidos se le oye pedir, cuando aún era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, diez mil dólares a la fiscala Casse Giménez para impulsar una denuncia contra su colega Karina Giménez, anunció que renunciaría a su investidura la próxima semana. Ya había renunciado en el anterior periodo legislativo tras la difusión de dichos audios en los que se le escuchaba proferir tal insulto a la moral y a la ley. Si vuelve a dimitir no será porque le remuerda la conciencia, sino porque “el ser humano tiene un límite de aguante”, según dijo. Este descarado senador tiene toda la razón del mundo. Por eso mismo, también llegó a su límite la paciencia de la ciudadanía ante tanta inmundicia: también ella está harta de soportar a facinerosos como legisladores. Ya se fueron también el exdiputado José María Ibáñez y el exsenador Óscar González Daher, ambos de la ANR, pero quedan otros muchos procesados como el contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas (ANR), Víctor Bogado (ANR), Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo, Milciades Duré, Carlos Portillo, estos últimos del PLRA, y otros, quienes deberían también dejar de ofender al pueblo ocupando una banca en su representación, gracias a las fatídicas “listas sábana”.

El aún senador Jorge Oviedo Matto, a quien según audios difundidos se le oye pedir, cuando aún era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, diez mil dólares a la fiscala Casse Giménez para impulsar una denuncia contra su colega Karina Giménez, anunció que renunciaría a su investidura la próxima semana.

Ya había renunciado en el anterior periodo legislativo tras la difusión de dichos audios en los que se le escuchaba proferir tal insulto a la moral y a la ley. Si vuelve a dimitir no será porque le remuerda la conciencia, sino porque “el ser humano también tiene su límite de aguante: chemondohóma ko asunto, ya iporãma (ya me hartó este asunto, ya está bien)”.

Este descarado senador tiene toda la razón del mundo. Por eso mismo, también llegó a su límite la paciencia de la ciudadanía ante tanta inmundicia; también ella está harta de soportar a facinerosos como legisladores. Hizo bien en noticiar que, además, dejará la política, ya que esta no es una actividad delictiva, como parecen creer muchos parlamentarios de hoy y de ayer. Entre ellos están el exdiputado José María Ibáñez, autor confeso de los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, y el exsenador Óscar González Daher, ya imputado por los de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado, y ahora investigado por los de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva.

Forzados por la indignación ciudadana, los impresentables de marras renunciaron a las bancas que mancillaban. Pero está muy calladito el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), confeso contrabandista y adulterador de documentos no auténticos. Despachó un lote de ruteadores por el que declaró un valor de US$ 17.706, siendo que se trataba de decodificadores que tenían un valor de US$ 1.026.028. Acaba de trabar por octava vez la realización de la audiencia preliminar, recusando al juez de la causa para demorar la apertura del juicio oral y público que le espera tras habérsele denegado la “suspensión condicional del procedimiento”, de la que se benefició su excolega Ibáñez. Como el propio Núñez Salinas también

admitió haber delinquido, la opinión pública tiene sobrado derecho a exigir que abandone la Cámara. Para mayor bofetada y burla a la sociedad, especialmente para la gente que trabaja, sus pares le nombraron para presidir la Comisión de Industria y Comercio. Imaginemos a un contrabandista emitiendo dictámenes para combatir el contrabando o la evasión impositiva.

Al igual que el susodicho, el aún senador Víctor Bogado (ANR), devenido potentado tras su ingreso en la función pública, está recurriendo desde hace cinco años a reiteradas chicanas, con el consentimiento de los magistrados, para no ser juzgado como autor de un delito de estafa y cómplice de otro de cobro indebido de honorarios. Hablando de fechorías, ¿es acaso verosímil que el famoso

“mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, vinculado al senador, sea el auténtico dueño del patrimonio que se atribuye? ¿O es un simple prestanombres del legislador?

En 2015, por su parte, el hoy senador Salyn Buzarquis fue acusado de lesión de confianza y de usurpación de funciones públicas, delitos que habría perpetrado como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Sus chicanas llegaron al colmo de que presentó un certificado médico falso para lograr la suspensión de una audiencia preliminar, razón por la cual fue imputado.

Otros personajes que desde hace un lustro están entorpeciendo sus respectivos procesos, porque probablemente se saben culpables, son los hoy “parlasurianos”

Enzo Cardozo (PLRA) y Milciades Duré (PLRA). El primero, acusado de grandes malversaciones como ministro de Agricultura y Ganadería, frustra la realización de la audiencia preliminar; el segundo, implicado en la fraudulenta compra de tierras de la firma San Agustín S.A. por parte del Indert, ya tiene fecha marcada para el inicio del juicio oral y público, pero tiene el descaro de invocar sus fueros, como si los “parlasurianos” –no contemplados en la Constitución– los tuvieran. Por lo demás, él ya fue desaforado como diputado para responder por un presunto delito y mal puede recuperar los fueros desde su banca en Montevideo. Es obvio que estos dos procesados caraduras son indignos de representar allí al pueblo paraguayo. Si aún no renuncian es porque ya no les resta una pizca de decencia.

También otros legisladores influyen sobre los fiscales y jueces para entorpecer sus procesos. El diputado Carlos Portillo (PLRA), imputado por los delitos de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal y cohecho pasivo (coima), cuestionó de entrada la actuación fiscal. Lo mismo hacen sus colegas Éver Rivas (ANR), imputado de haber pagado con dinero público el sueldo de tres caseros “planilleros” de la Cámara Baja, y Teófilo Escobar (PLRA), imputado por un daño patrimonial causado por contratos de obras, siendo él fiscalizador de la Defensa Pública. Cabe insistir en que, si con tanta premura interponen chicanas, es porque tienen buenos motivos para temer que si el proceso penal se desarrolla normalmente, sin el ejercicio abusivo del derecho a la defensa, terminarán siendo condenados.

En esta bochornosa lista debe figurar también el senador

Dionisio Amarilla (PLRA) –exadministrador de la Universidad Nacional de Asunción–, si el Ministerio Público tomara en serio la investigación abierta ante la denuncia que le afecta por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Por de pronto, se ha limitado a pedir a la Contraloría General de la República un informe sobre sus declaraciones juradas de bienes y rentas, que sería elaborado por su propia esposa, Rosaly Valiente, directora de Declaraciones Juradas.

Con tan pésimos antecedentes, todos ellos deberían dejar de ofender al pueblo ocupando una banca en su representación, gracias a las fatídicas “listas sábana”. Para comenzar, deben irse todos del Congreso, y los ciudadanos y las ciudadanas exigir para ellos el castigo que se merecen.