Corte dilata el proceso para liberar declaraciones juradas
La acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General para no hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios públicos sigue sin ser estudiada siquiera por la Corte Suprema de Justicia.
Hace ya más de dos meses que la Contraloría General de la República (CGR) planteó una acción de inconstitucionalidad para no entregar las declaraciones juradas de bienes y renta de las más altas autoridades del país en los últimos 20 años. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción, pero desde entonces ni siquiera la ha estudiado.
Ese organismo de control de las cuentas del Estado acudió ante la máxima instancia judicial para evitar entregar información que es pública y a la que debería acceder la ciudadanía para poder cotejar la situación patrimonial de los funcionarios públicos con sus ingresos.
La Contraloría presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había acudido ante la Justicia ante las reiteradas negativas de la CGR de entregar la información que es pública.
“No está en la ley”
Uno de los pobres argumentos utilizados por los abogados de la Contraloría para insistir en no mostrar las declaraciones juradas es que estas no son calificadas como información pública en la ley de acceso a la información.
Textualmente, se aferran al artículo 8 de la Ley 5.282/14, pero parece que tienen problemas de comprensión lectora, pues el título de ese apartado es “información mínima” y enumera toda la información que debe publicar de forma automática cualquier institución pública. Además, insisten diciendo que las declaraciones juradas son “patrimonio documental privado de las personas”.
Sin embargo, “las declaraciones juradas son información de índole patrimonial que constan en una fuente pública de información; esto es información pública”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, del Grupo Impulso de Acceso a la Información.
Piden juicios largos
Lo más grave de la acción planteada por los abogados de la CGR es que pretenden derogar la Acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia, que establece juicios por la vía del amparo para violaciones del derecho de acceso a la información.
Literalmente, los abogados del ente de control pretenden que quienes deban acudir a la justicia por negativas a sus pedidos de acceso a la información recurran a juicios ordinarios, con plazos rigurosos, perentorios e improrrogables.
Básicamente, la Contraloría, al mando del imputado José Enrique García, pretende destrozar los avances que se han producido en el Paraguay para que el acceso a la información pública sea relativamente rápido, eficaz y gratuito.