En la Procuraduría pedían coima del 20 por ciento de una indemnización
El 20% del monto que Cancillería debía pagar a un diplomático por orden judicial fue pedido por el procurador Víctor Arriola, supuestamente por orden del entonces procurador general, Roberto Moreno, y del presidente de la República, Horacio Cartes. El arg
El abogado Roberto Améndola explicó que su cliente, Gustavo Miranda Valenzuela, fue destituido en 1996 del cargo que ocupaba en la cancillería. En ese entonces se desempeñaba como segundo secretario en la embajada paraguaya en Chile. Se inició entonces una demanda que el Estado perdió en el Tribunal de Cuentas y en la que se dispuso la restitución del diplomático y el pago de 260.000 dólares de salarios caídos.
En el 2001, José Antonio Moreno Rufinelli reintegró a Miranda como ordenanza. Recién en 2011 se pagaron salarios caídos, pero quedaron los intereses por los años de proceso.
El juez en lo Civil y Comercial Hugo Morán resolvió que los intereses a favor de Valenzuela eran hasta el 2012 de 344.903 dólares y G. 91.479.868. El 13 de noviembre de 2013, el magistrado libró oficio al ministro Eladio Loizaga ordenándole se incluya el monto en el presupuesto general de gastos de 2014.
Para abonar ese monto, Cancillería necesitaba un dictamen de la Procuraduría General de la República y el decreto de la Presidencia de la República que lo autorizara.
Según Améndola, usualmente Procuraduría demora unos 30 días en emitir su posición en estas situaciones, pero en este caso se demoró más de seis meses, y recién en agosto de 2014 autorizó que se siguieran los trámites administrativos de rigor.
En noviembre de 2014, el ministro Loizaga solicitó a la Presidencia de la República que redactara el decreto de autorización para el pago de los intereses, pero, de todos modos, el pago seguía retrasándose.
Por WhatsApp
Según Améndola, en esta situación, en el 2015 el pro-
curador delegado Víctor Arriola escribió vía whatsapp a su cliente Gustavo Miranda, que en ese momento era consejero en la Embajada paraguaya en Egipto. En mensajes de texto quedó constancia de que le pedía el 20% del monto para que Cartes firmara el decreto, alegando que el dinero era para instituciones de beneficencia.
Esto es, de los 344.903 dólares que el diplomático debía cobrar, le pedían una quita de 68.980 dólares, mientras de los G. 91.479.868 que exigía la
sentencia que le pagaran, le reclamaban G. 18.295.973. En los mensajes, según la denuncia, Arriola alegaba que era orden del procurador general, Roberto Moreno, y del entonces presidente de la República, Horacio Cartes. En octubre, noviembre y diciembre de 2015, Améndola mandó notas al entonces asesor jurídico de la Presidencia y hoy senador, Sergio Godoy, preguntando por qué no se le pagaba a su cliente y denunciando el pedido hecho por Arriola, además de dejar constancia de que no iban a pagar el 20% exigido. En enero de 2016, Godoy informó que, finalmente, se había remitido el expediente a Cancillería para que el pago correspondiente se incluyera en el presupuesto general de gastos de 2016, sin responder respecto al pedido de dinero realizado por Arriola. Finalmente, luego de mucha insistencia, el 22 de diciembre del mismo año, fue firmado el Decreto 6553, por el cual se autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores el pago de los intereses.
Améndola contó que en el 2015 denunció este pedido de dinero ante la Secretaría Nacional Anticorrupción, a cargo de Soledad Quiñónez, pero la investigación no avanzó.
El abogado cree que la dilación del caso durante tantos años era con el objetivo de percibir ese 20% de lo que el diplomático debía cobrar y dudaba que el monto fuera destinado a instituciones de beneficencia. Señaló que habría muchos otros casos en los que los abogados del Estado habrían intentado sacar un porcentaje de dinero, incluso en los casos judiciales que perdieron, pero que en esta situación particular el requerimiento quedó registrado en los mensajes de texto.