Miremos a Astrea

Las manifestaciones de repudio ciudadano, bajo el neologismo de escraches, vienen documentando el hartazgo de un grupo de ciudadanos hacia los abusos del poder.

Hasta aquí han sido políticos los repudiados, por los actos de corrupción que cometieron, que hubiesen resultado una vez más, impunes, de no ser por el activismo ciudadano.

Impunidad. Esa es precisamente la palabra que nos lleva a mirar hacia donde se gesta: el Poder Judicial.

Solemos decir con frecuencia que, de los tres Poderes del Estado, el que menos control ciudadano tiene es el Judicial.

Salvo casos de mucho interés público, la mayoría de los procesos en tribunales pasa desapercibida. Y los protagonistas de impartir justicia solo son expuestos públicamente cuando una de las partes decide asumirlo, al verse perjudicada por un fallo.

Insistimos en esto, la mayoría de nuestros problemas no se produce por falta de normas, sino por el irrespeto a ellas y la impunidad como resultado. Y aquí son jueces, fiscales y ministros de la Corte los responsables del cóctel.

Algunos intentarán argumentar que es necesario reformar la Constitución para poder cambiar el Poder Judicial.

Plantean que la reforma es el camino, pero olvidan mencionar que actualmente existen herramientas de control que, aunque perfectibles, de ser bien utilizadas, servirían para tener una mejor justicia.

Con transparencia y acceso a la información, quedó demostrado, por ejemplo, que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados puede ser más eficiente bajo una mayor fiscalización ciudadana, para no ser usado tan fácilmente como herramienta de apriete y negocios particulares de algunos de sus miembros.

Y, constitucionalmente, el juicio político a los ministros de la Corte sigue siendo una herramienta altamente legítima, al requerir una calificada mayoría absoluta de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para sancionar las inconductas de quienes encabezan el sistema de justicia en nuestro país.

Pero basta mirar cómo está paralizado hace casi cuatro años el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia para entender que, en realidad, hasta este momento no existe esa voluntad política de buscar un consenso mínimo para mejorar la justicia desde lo constitucionalmente posible.

Uno de los acusados en este juicio, el ministro Miguel Óscar Bajac, cumplió los 75 años y dejó la Corte sin ser juzgado.

Ahora, tras dejar el cargo, comienzan a formalizarse varias denuncias en su contra.

Otro de los ministros acusados, Sindulfo Blanco, está cerca de cumplir los 75, para conseguir al igual que Bajac dejar el cargo sin ser juzgado, por culpa de las mezquindades políticas.

Es fundamental tener un Poder Judicial decente. Uno en el que jueces, camaristas o ministros no sean funcionales ni serviles, uno en el que se premie como valores a la honestidad intelectual y a la valentía.

Y el activismo y control ciudadanos son herramientas democráticas para buscar que así sea.

Por eso sería altamente saludable mirar hacia Astrea; es allí, bajo sus ojos vendados, donde se terminan de cocinar la injusticia y la impunidad.