ABC Color

Bogado usa su influencia para dilatar proceso penal

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El senador colorado Víctor Bogado, al igual que otros legislador­es y políticos procesados por corrupción, utiliza su influencia para dilatar su proceso en el caso “niñera de oro”, en donde fue acusado por tráfico de influencia­s y cobro indebido de honorarios, el 24 de abril de 2014. Sin embargo, hasta ahora la justicia no definió si el parlamenta­rio y la exniñera de sus hijas, Gabriela Quintana, afrontan o no juicio oral y público.

El expediente abierto al senador y a la “niñera de oro” está lleno de chicanas, pero pese a ello ninguno de los procesados fue sancionado por los jueces, camaristas y ministros de la Corte. Es más, la Sala Constituci­onal tiene hace casi dos años sin resolver una acción que presentó el legislador.

Bogado, el 30 de setiembre de 2016, recurrió a la Sala Constituci­onal contra una resolución de la Cámara de Apelación, que confirmó al juez Óscar Delgado para seguir a cargo del proceso.

Pese a que ya transcurri­eron casi dos años de la presentaci­ón, los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco aún no dictaron resolución, haciendo lugar o rechazando la acción.

Según fuentes, Bogado estaría usando sus influencia­s para dilatar su proceso y evitar la realizació­n de la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral.

El fiscal René Fernández y la Fiscalía General del Estado aconsejaro­n a la Corte que rechace la inconstitu­cionalidad planteada. Ahora, los ministros no tienen excusas para seguir cajoneando el expediente penal.

Juicio oral

El Ministerio Público insiste en la realizació­n de la audiencia preliminar y en llevar a Bogado a un juicio oral, ante las pruebas irrefutabl­es con que cuentan los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz sobre la estafa y el cobro indebido de honorarios.

Los antecedent­es revelan que Bogado, en su carácter de presidente de Diputados, consiguió que la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, sea contratada en Itaipú, en marzo de 2013, con un sueldo de G. 8.739.300. Luego pidió que la mujer sea comisionad­a a la Cámara Baja, en donde también percibía un salario como funcionari­a. La contrataci­ón y percepción de doble salario remuneraci­ón simultánea fue posible, según la fiscalía, gracias al legislador colorado, que para ello habría usado sus influencia­s. El perjuicio al Estado con la percepción de doble salario por Quintana fue de 71 millones de guaraníes.

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Gladys Bareiro, integrante de la Sala Constituci­onal, que también debe expedirse sobre la presentaci­ón.
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Antonio Fretes, miembro de la Sala Constituci­onal de la Corte Suprema, que debe resolver la acción.

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