Imputan por “croquetas de oro” en Aso de Itaipú
El fiscal de Alto Paraná, Alfredo Acosta Heyn, imputó al expresidente y extesorero de la Asociación Mutual de Empleados de la Entidad Binacional Itaipú por un desfalco que ascendería a casi G. 50.000 millones, que incluyen la compra de unos 500 bocaditos
Acosta Heyn presentó imputación por presunta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos contra Juan Carlos Castillo, expresidente de la Asociación Mutual, y Juan Domingo Franco López, extesorero de la misma entidad, por hechos cometidos entre el 2013 y 2016.
De acuerdo al acta de imputación, la denuncia fue formulada por el abogado Gustavo Álvarez, en representación de la Asociación Mutual por un presunto perjuicio de G. 50.000 millones.
El mismo hizo referencia a la existencia de un esquema delictivo “jerárquicamente constituido” con funcionarios permanentes y temporales.
Según la imputación penal, la Asociación sufrió un desplome por incumplimientos y malos manejos. Entre otras cosas, se otorgaron pagarés en blanco, además de préstamos millonarios sin que se reúnan las mínimas condiciones. Asimismo, se detectaron sobrefacturación por obras no ejecutadas, además de que se descubrieron vicios en conciliaciones bancarias, uniformidad y falsificación de registros contables.
También se reveló la compra de “bocaditos de oro”, ya que por la adquisición de unas 500 unidades se pagaron G. 17.000.000, algo inconcebible. Supuestamente, cada bocadito tuvo un costo de G. 34.000.
Los ahora imputados, inclusive, fueron removidos del cargo en el año 2015 a raíz de informes remitidos por síndicos de la asociación. Fue “al haberse constatado una infinidad de irregularidades en el ejercicio de sus funciones”, se desprende de la imputación.
Entre las irregularidades
aparecen pagarés, en blanco y sin firmas; créditos otorgados muy por encima del tope establecido muchas veces a personas ajenas a la mutual.
También fueron detectados aumentos provisorios de la línea de crédito hasta G. 300 millones, sin especificaciones perimetrales.
A su vez, préstamos por la suma de G. 9.000 millones a través del Banco Itapúa, sin la aprobación de la Asamblea, pudiendo solo documentarse el 50% del destino de dicho monto; sobrefacturación de obras civiles, entre otras irregularidades.