El lado oscuro de Ciudad del Este.
La capital del Alto Paraná está habitada por mucha gente laboriosa. Pero, lamentablemente, allí también se ha afincado gran cantidad de gente averiada que le da una pésima fama, tanto a nivel nacional como internacional. Es apenas una parte de esa espantosa ilegalidad que allí opera la que salió a la luz ayer, pese a lo cual asombra por la magnitud de la estructura delictiva que la ha venido manejando, con toda seguridad con la protección de una vasta red de personas con poder en el ámbito local y nacional. Es de sobra conocido que la evasión impositiva, el tráfico ilícito de divisas y de armas, la venta de productos falsificados, el lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico hallan en Ciudad del Este un magnífico centro de operaciones, tanto por su ubicación geográfica –en la Triple Frontera– como por la complicidad de las autoridades. Este feudo está manejado desde hace muchos años por el clan encabezado por el senador Javier Zacarías Irún (ANR), y allí opera a sus anchas el crimen organizado, a vista y paciencia de las instituciones de seguridad y de control. Es un buen punto de inicio para el nuevo Gobierno este operativo, que es de esperar no responda solo a aquello de que “escoba nueva barre bien”, sino que prosiga hasta eliminar, o al menos debilitar, los repulsivos negocios que allí prosperan.
Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, está habitada por mucha gente laboriosa. Pero, lamentablemente, allí también se ha afincado gran cantidad de gente averiada que le da una pésima fama, tanto a nivel nacional como internacional. Y es apenas una parte de esa espantosa ilegalidad que allí opera la que salió a luz ayer, pese a lo cual asombra por la magnitud de la estructura delictiva que la ha venido manejando, con toda seguridad con la protección de una vasta red de personas con poder en el ámbito local y nacional.
Es de sobra conocido que la evasión impositiva, el tráfico ilícito de divisas y de armas, la venta de productos falsificados, el lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico hallan en Ciudad del Este un magnífico centro de operaciones, tanto por su ubicación geográfica –en la Triple Frontera– como por la complicidad de las autoridades. Este feudo está manejado desde hace muchos años por el clan encabezado por el senador Javier Zacarías Irún (ANR), y allí opera a sus anchas el crimen organizado, a vista y paciencia de la Policía Nacional, de la Dimabel, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, de la Dirección Nacional de Aduanas, del Ministerio de Industria y Comercio, de la Seprelad, del Ministerio Público y hasta de la Superintendencia de Bancos del Banco Central.
La corrupción ha infectado allí las instituciones encargadas de prevenir y de combatir esos graves hechos punibles, tal como se ha vuelto a constatar mediante este gran operativo –sería el mayor en su género en la historia del país– realizado en la víspera contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la asociación criminal. Agentes de la Senad y de la Fiscalía efectuaron ocho allanamientos, en cuyo transcurso detuvieron a Reinaldo Cabaña, jefe de una banda de al menos ocho miembros dedicada a las actividades delictivas mencionadas a través de hoteles, casas de cambios y playas de venta de vehículos. También ingresaron en oficinas del propio Ministerio Público: en la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico N° 1
apresaron a un asistente fiscal; en la Unidad Penal Ordinaria N° 3, no detuvieron al agente fiscal Gustavo Yegros, porque goza de inmunidad, según la información dada a conocer. Ambos serán imputados por sus vínculos con dicho grupo delictivo, de cuyo poder se incautaron doce vehículos lujosos, más de 800.000 dólares en efectivo y casi 22 kilos de cocaína. Considerando la ralea de muchos legisladores y que, según el vicepresidente de la República,
Hugo Velázquez, el crimen organizado está presente en los tres Poderes del Estado, no debería sorprender que el diputado Ulises Rolando Quintana (ANR), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que integra, usaba una camioneta de alta gama que pertenece al líder de la banda en cuestión y que se vio obligado a entregar a la Senad a través de su abogado, durante el curso de las intervenciones. Si a esta bochornosa circunstancia se suma que el legislador es hijo del exjuez Cleto Quintana, removido en 2013 por haber liberado a diez narcotraficantes durante la feria judicial, resulta que hay serios motivos para suponer la existencia de estrechos lazos entre Reinaldo Cabañas y los Quintana. Por cierto, sería bueno conocer las fuentes del financiamiento de la campaña electoral del citado legislador, para disipar la sospecha de que el narcotráfico habría contribuido a ella.
Por lo demás, este caso sirve para ilustrar de nuevo la vulnerabilidad del sistema de control de las casas de cambio, si es que hay alguno. Como el gran operativo apuntó también al lavado de dinero, un delito conexo al del tráfico de drogas, cabe preguntarse si la Seprelad y el Banco Central se han ocupado alguna vez de examinar a fondo el papel de estas empresas financieras de Ciudad del Este, tanto en el tráfico ilegal de divisas como el blanqueo de dinero sucio. Lo que ocurre en la capital del Alto Paraná –y en la Triple Frontera, en general– tiene implicancias que hasta pueden afectar la seguridad internacional, como el siempre comentado financiamiento de organizaciones terroristas. Quizá no fue una mera casualidad que la semana pasada, Mike Quigley, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., haya visitado al presidente Mario Abdo Benítez en compañía del embajador de su país, Lee McClenny, y del ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino. Consultado sobre los escándalos desatados en torno al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y al exsenador
Óscar González Daher (ANR), el embajador informó que los norteamericanos estaban trabajando con el Gobierno para luchar contra el lavado de dinero.
Valgan estas referencias para destacar que el gran operativo emprendido en Ciudad del Este por la Senad, aún en marcha, puede arrojar resultados que vayan más allá del narcotráfico, lo que sería muy saludable dada la inacción de otros organismos que deberían tener fuerte presencia en la región. Debe insistirse en que esa inacción no es atribuible solo a la negligencia, sino también a la corrupción reinante, en particular en Ciudad del Este. No fue obra del azar que Ibar Pérez Corradi, de la mafia de la efedrina y reclamado por un sonado triple asesinato en la Argentina, haya sido allí protegido por altos oficiales de la Policía Nacional, hasta hoy impunes. Las autoridades, e incluso parte de la sociedad civil, hacen la vista gorda, tal vez para no desalentar el turismo de compras, sin tener en cuenta que están haciendo de la capital del Alto Paraná un amparo y reparo de delincuentes, entre los que se podría incluir a
Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, reclamado por la Justicia del Brasil como uno de los mayores lavadores de dinero en ese país.
Es un buen punto de inicio para el nuevo Gobierno este operativo, que es de esperar no responda solo a aquello de que “escoba nueva barre bien”, sino que prosiga hasta eliminar, o al menos debilitar, los repulsivos negocios que allí prosperan y que le dan pésima fama a nuestro país en el concierto internacional.