Tráfico de armas sin control

.En los últimos cinco años, ingresaron “legalmente” a nuestro país 648.486 armas y 331.134.611 municiones, incluidas las de guerra, por valor de más de 75 millones de dólares. Es de toda evidencia que esa ingente mercadería letal no es empleada en nuestro territorio para la cacería o la defensa personal, sino para alimentar a las organizaciones delictivas que abundan en la región, negocio sucio facilitado por las permeables fronteras que tenemos gracias a la permisividad o complicidad de las autoridades. Si el Paraguay se ha convertido, en suma, en la principal ruta del tráfico ilícito de armas es por culpa de la corrupción rampante, que atenta incluso contra la seguridad interna de los países vecinos. El Tte. Cnel. Hugo Ayala, jefe del Registro Nacional de Armas, señaló hace poco que las 27 empresas importadoras “se excedieron” en sus compras, al no establecerse un límite. De sus palabras se desprende que, en realidad, no importaron solo lo que podían vender en nuestro país, sino que sus clientes finales residen fuera de nuestras fronteras. Por eso, a la ciudadanía le gustaría saber –y deberían interesarse también las autoridades, incluyendo el Ministerio Público– adónde va a parar el impresionante arsenal importado cada año.

El último 30 de agosto, el canciller Luis Castiglioni firmó un acuerdo de cooperación con la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, representada por

Regina Castillo, coordinadora residente interina de dicha organización internacional. El documento apunta a capacitar a nuestros funcionarios en la ejecución del Tratado de Comercio de Armas, suscrito hace cuatro años y ratificado por nuestro país, que busca prevenir el tráfico ilícito de armas y reconoce que la gran mayoría de las víctimas de los conflictos armados son civiles.

Pocos días antes de la firma de este documento, se reveló que, entre 2012 y 2017, al menos 42 fusiles de combate fueron sustraídos del Departamento de Armas y Municiones de la Policía Nacional y reemplazados por otros de aire comprimido. Como es obvio que el robo fue cometido por agentes de policía, resulta que la lucha contra el tráfico ilícito de armas exige no solo capacitar a los funcionarios, sino también –y sobre todo– mandar a la cárcel a los miembros corruptos que operan en la misma

institución. Que el aparato estatal esté ligado a esa actividad delictiva, que refuerza tanto al crimen organizado como al terrorismo internacional, es un

escándalo mayúsculo lamentable. El Paraguay ya no es solo un emporio del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos a escala regional. De la reciente resolución del Departamento de Estado norteamericano que prohibió la exportación de pertrechos a nuestro país, puede colegirse que el Paraguay se ha convertido también en un centro de distribución de armas y municiones.

Algunas cifras ilustran que, al igual que la producción de cigarrillos, el volumen de negocios en este ramo supera ampliamente la capacidad de consumo del mercado local. En los últimos cinco años, ingresaron “legalmente”

648.486 armas y 331.134.611 municiones, incluidas las de guerra, por valor de más de 75 millones de dólares. Es de toda evidencia que esa ingente mercadería letal no es empleada en nuestro territorio para la cacería o la defensa personal, sino para alimentar a las organizaciones delictivas que abundan en la región, negocio sucio facilitado por las permeables fronteras que tenemos gracias a la permisividad o complicidad de las autoridades. Si el Paraguay se ha convertido, en suma, en la principal ruta del tráfico ilícito de armas es por culpa de la corrupción rampante, que atenta incluso contra la seguridad interna de los países vecinos.

El Tte. Cnel. Hugo Ayala, jefe del Registro Nacional de Armas, señaló hace poco que las 27 empresas importadoras “se excedieron” en sus compras , al no establecerse un límite. De sus palabras se desprende que, en realidad, no importaron solo lo que podían vender en nuestro país, sino que sus clientes finales residen fuera de nuestras fronteras. ¿Tienen algún interés en conocerlos o

están dispuestos a vender pertrechos a quienes sea, sin importarles el uso que les darán? Es bien sabido, por ejemplo, que las organizaciones mafiosas Primer Comando Capital y Comando Vermelho tienen el asiento principal de sus operaciones en el Brasil, con ramificaciones en nuestro país. En una ocasión, fusiles del Ejército paraguayo aparecieron en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de donde se desprende que el espectro de la clientela es muy amplio. De hecho, hoy los delincuentes que operan en nuestro país están mucho mejor armados que las fuerzas de seguridad.

Por eso, a la ciudadanía le gustaría saber –y deberían interesarse también las autoridades, incluyendo el Ministerio Público– adónde va a parar el impresionante arsenal importado cada año. Si las armas y municiones fueron introducidas legalmente, cabe preguntarse cómo es posible que entre ellas hayan figurado, entre 2013 y 2018, nada menos que 2.273 rifles de asalto, que son de exclusivo uso militar. Ellos solo pudieron haber sido adquiridos por el Estado, pues el art. 16 de la ley citada prohíbe la tenencia y portación de armas de fuego automáticas y de las de “uso privativo de los órganos de defensa y seguridad del Estado”. Sin embargo, la gran mayoría de esos rifles de asalto no fue adquirida para nuestros organismos de seguridad, sino que, con toda probabilidad, terminó en manos de criminales

organizados. La entrada de cargamentos de arma de fuego no se halla, pues, estrictamente registrada y controlada por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), tal como lo exige el art. 48 de la Ley N° 4036/10.

Como es de pública notoriedad, armas y municiones “paraguayas” llegan a Río de Janeiro y São Paulo, lo que plantea la cuestión de si ellas pasaron por las oficinas de Aduana de la capital y del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que deben intervenir en los trámites de importación y exportación, según manda además el art. 48 de la ley mencionada. Y bien, la respuesta tiene que ser negativa, pues las armerías de Ciudad del Este, por ejemplo, “reexportan” o venden sus productos a “turistas extranjeros”, sin ningún disimulo. En 2010, la Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo refirió una venta anual de alrededor de 30.000 armas “paraguayas” al Brasil, cifra que hoy día estaría ampliamente superada, dado que en el último lustro nuestro país importó “legalmente” un promedio de 129.081 armas por año.

Mal podría el Gobierno luchar contra su tráfico ilícito si sus propios funcionarios están involucrados. De lo que se trata, entonces, es de mandarlos a prisión, empezando por los que prestan servicios a los mafiosos o a los terroristas desde los organismos de seguridad.