Que no nos cocinen las ternas.

El Consejo de la Magistratura conformará mañana dos ternas de candidatos a ser propuestos al Senado para que designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo, a los reemplazantes de los exministros de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta y Miguel Óscar Bajac. Según el art. 264 de la Constitución, la selección que haga entre 54 postulantes deberá basarse en la idoneidad, atendiendo sus respectivos méritos y aptitudes. Entre los requisitos para integrar la máxima autoridad judicial, el art. 258 menciona también la “notoria honorabilidad”, es decir, esa condición que hace que alguien sea digno de ser honrado u obedecido. Se dirá que es imposible puntuarla objetivamente como al examinar las calificaciones académicas, las publicaciones hechas o la experiencia profesional acumulada. Es posible, sin embargo, apreciarla a contrario sensu, considerando la falta de honorabilidad denunciada responsablemente en las audiencias públicas convocadas por el Consejo o en los antecedentes personales que constan en los archivos de prensa. Y bien, de la lista de los mejores porcentajes obtenidos por los postulantes se desprende que los consejeros no fueron muy prolijos a la hora de juzgar el pasado de algunos de ellos.

El Consejo de la Magistratura conformará mañana dos ternas de candidatos a ser propuestos al Senado para que designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo, a los reemplazantes de los exministros de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta y Miguel Óscar Bajac. Según el art. 264 de la Constitución, la selección que haga de entre 54 postulantes deberá basarse en la idoneidad, atendiendo sus respectivos méritos y aptitudes.

Entre los requisitos para integrar la máxima autoridad judicial, el art. 258 menciona también la “notoria

honorabilidad”, es decir, esa condición que hace que alguien sea digno de ser honrado u obedecido. Se dirá que es imposible puntuarla objetivamente como al examinar las calificaciones académicas, las publicaciones hechas o la experiencia profesional acumulada. Es posible, sin embargo, apreciarla a contrario sensu, considerando la falta de honorabilidad denunciada responsablemente en las audiencias públicas convocadas por el Consejo o en los antecedentes personales que constan en los archivos de prensa.

Y bien, de la lista de los mejores porcentajes obtenidos por los postulantes se desprende que los consejeros no fueron muy prolijos a la hora de juzgar el pasado de algunos de ellos. Para empezar, el del Dr. Delio Vera

Navarro, miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital y nada menos que titular de la Asociación de

Jueces del Paraguay. En diciembre de 2008 la Oficina de Ética del Poder Judicial abrió una investigación porque este magistrado había ingresado con su vehículo, que

tenía dos chapas distintas, en el patio de una vivienda de Lambaré, hallándose en estado de ebriedad, según confesó. En junio de 2012 la Embajada de Estados Unidos en nuestro país suspendió su visa de entrada en ese país, sin dar explicaciones: “Puede ser algo relacionado a algún caso en mi poder, casos referentes al narcotráfico”, supuso el magistrado en la ocasión, si bien ahora afirma que se trató de una simple cuestión de trámites y que, inclusive, ya estuvo después en el país del Norte. En abril de 2014 se reveló que en la computadora del magistrado incautada tres años antes, debido a la liberación de un narcotraficante mediante una resolución judicial falsa, se halló un proyecto de resolución de libertad en favor del mismo y referencias sobre la supuesta compra de fallos de la Corte en dos casos de narcotráfico y lavado de dinero.

En octubre del mismo año el Dr. Vera Navarro confirmó la prisión preventiva del líder de una banda de traficantes de armas, porque la expectativa de pena era alta y la ley prohíbe otorgar medidas alternativas en casos como este; sin embargo, tres meses después cambió de opinión y favoreció su libertad, imponiéndole algunas medidas alternativas.

Y bien, con semejante prontuario, el Dr. Vera Navarro, egresado de la Universidad Nacional de Asunción con un

término medio general de 2,63, ocupa el sexto lugar entre los candidatos mejor puntuados. En verdad, habría que ser muy generoso para afirmar que goza de una “notoria honorabilidad” o que es muy coherente en sus decisiones. Empero, el susodicho obtuvo la más alta calificación posible en la segunda fase del concurso, es decir, precisamente en la evaluación de la “notoria

honorabilidad”. No debe sorprender, entonces, que la Dra. María Carolina Llanes haya solicitado al Consejo rectificar la calificación que se le otorgó en esta etapa del concurso de la audiencia pública, en la que también se evalúa la mencionada cualidad.

Entre los postulantes mejor puntuados figuran también los magistrados Emiliano Rolón y Cristóbal Sánchez, célebres por haber firmado, con su colega Arnaldo Martínez Prieto, un fallo que resolvió el “Caso Curuguaty” ¡de acuerdo a la opinión minoritaria

expuesta en el considerando!, lo que permite suponer que ni siquiera leyeron lo que firmaron. Este desliz nada tiene que ver con la honorabilidad de los citados candidatos, pero es de temer que podrían incurrir en algo similar si llegaran a ser ministros de la Corte, que integraron, por cierto, para dictar la escandalosa sentencia referida.

Otro magistrado que obtuvo altas calificaciones por parte del Consejo es José Agustín Fernández, quien, como miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Segunda Sala, recibió el 20 de septiembre de

2007 un expediente sobre un caso de robo de medicamentos en el IPS. Pues bien, lo tuvo consigo hasta el 29 de julio de 2015, fecha en que lo entregó a su colega

Vera Navarro, según creyó necesario hacer constar el magistrado Anselmo Aveiro. En cuanto al Dr. Emilio Camacho, presunto candidato de Frente Guasu, se recuerda que el 19 de junio de 2012, como titular del Indert durante la presidencia de

Fernando Lugo, “regaló” un inmueble de 4.000 hectáreas en el Chaco al Cnel. (SR) Estanislao Lesme

Martínez, quien seis meses después lo vendió por 1,2 millones de dólares.

A lo expuesto debe agregarse que los consejeros pueden aumentar discrecionalmente hasta treinta puntos la puntuación final de los postulantes, ya publicada. Es decir, podría ocurrir que alguien situado en el puesto 15 llegue a integrar la terna, desplazando a otro situado en un lugar más elevado.

Y bien, dado que la “notoria honorabilidad” es de singular relevancia, sería deplorable que quienes no gocen de ella sean incluidos en la terna. Los ciudadanos y las ciudadanas esperan que los ministros de la Corte sean en esta ocasión personas a todas luces respetables, dignas, sin mácula alguna. De lo contrario, será simplemente cambiar media docena por seis.