Traba juicio oral con acción en la Corte
El 12 de abril de 2013, el parlasuriano liberal Milciades Duré fue imputado por la fiscala Victoria Acuña ante las sospechas de la sobrefacturación de las tierras de la firma San Agustín, del departamento de Cordillera, vendidas al Indert. El hecho punible atribuido al encausado fue lesión de confianza, ya que como consejero del referido ente avaló la irregular adquisición.
El 9 de abril de 2014, el fiscal René Fernández acusó a Duré, al extitular del Indert, Luis Ortigoza y a Arnaldo Jara, exadministrador de San Agustín, empresa vinculada al senador Jorge Oviedo Matto.
Momentos antes de la acusación fueron recusados los fiscales que llevaron la investigación, que eran Claudia Criscioni (ahora jueza) y Aldo Cantero. A raíz de esta chicana fue asignado Fernández.
El Ministerio Público refirió que las tierras adquiridas de la firma vinculada a Oviedo Matto no eran aptas para el asentamiento campesino y se comprobó a través de pericias que la mayor parte del inmueble no sirve para el cultivo, ya que hay zonas destinadas a la recreación y esparcimiento vacacional.
El 4 de noviembre de 2015, el juez Rubén Riquelme, durante la audiencia preliminar, dispuso que Duré, Ortigoza y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Luis Blanco y María Echeverría afronten juicio oral y público. Sin embargo, hasta ahora no se puede realizar la audiencia pública.
El 8 de noviembre de 2016, la Sala Constitucional de la Corte favoreció a Duré al trabar el inicio del juicio oral. Los ministros Miryam Peña, Óscar Bajac y Antonio Fretes decidieron dar trámite a la inconstitucionalidad que el legislador había promovido hacía seis meses. Los miembros de la máxima instancia solicitaron a la vista el expediente principal y con ello evitaron el comienzo de la audiencia pública.