La calle contra la corrupción
Rolando Niella
En las últimas dos semanas se han comenzado a escuchar voces que argumentan contra el modelo de presión ciudadana que se ha dado en denominar escrache. Lo que el pasado domingo ocasionó una estupenda y lapidaria columna de Mabel Rehnfeldt, contestando al ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, que había descalificado los escraches, describiéndolos como una aberración jurídica.
Todo argumento falso parte de una verdad a medias para resultar convincente: obviamente la calle no es un organismo judicial y los manifestantes que protagonizan los escraches no son un tribunal, de manera que afirmar que se está actuando al margen de la institucionalidad no es disparatado; aunque sí falaz, porque en realidad tal “institucionalidad judicial” es completamente inexistente.
Los escraches no son ni mucho menos lo óptimo, pero son el último y único mecanismo que ha quedado en pie en nuestro Paraguay para que la ciudadanía pueda reclamar ante los interminables desmanes de una corrupción generalizada y enquistada en los poderes públicos.
Los escraches serían innecesarios si fiscales, jueces, tribunales, ministros de la Corte Suprema, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hubieran realizado su trabajo.
Lo que muestran las evidencias es todo lo contrario: fiscales que defienden en lugar de acusar y cuyo jefe de los últimos años está enjuiciado por enriquecimiento ilícito; jueces que eternizan algunos juicios, pero aceleran disparatadamente otros, según las conveniencias; miembros de la corte que, además de haber mentido para obtener sus cargos, son sospechosos de trapichear con las sentencias; ni hablemos del uso delincuencial, para la presión política y el latrocinio descarado, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
¿De qué “sistema de justicia institucional” estamos hablando entonces? ¿Quién en su sano juicio dejará en manos de estos “próceres” del ministerio público y la justicia la persecución y el castigo de aquellas personas que abusan del poder que les otorga un cargo?
De manera que si fiscales, jueces, ministros de la Corte Suprema y demás integrantes del sistema judicial quieren encontrar a los responsables de que la lucha contra la corrupción haya abandonado los juzgados y tomado las calles, harían bien en comprar muchos espejos para mirarse ellos mismos.
Los ciudadanos, por nuestra parte, tendríamos que tener bien presente que echar a los corruptos de sus cargos no es suficiente, si el “sistema institucional de justicia” los sigue blanqueando. En realidad lo que tendríamos que empezar a hacer es poner junto a las fotos de los legisladores y demás funcionarios escrachados las de los jueces y fiscales que se ocupan de sus juicios.
Lo que los ciudadanos han obtenido por la vía judicial “institucional”, de la fiscalía y de la justicia durante los últimos años, plagados de escándalos, de delitos evidentes, de ostentosa prepotencia, repletos de pruebas irrefutables de delitos es absolutamente nada… o, mejor dicho, ha asistido atónita al sistemático blanqueo de los delincuentes: ninguna pena seria, demasiado olvido y, en consecuencia, la consolidación del reino del delito y de la impunidad.
¿Cuando el Poder Judicial mayoritaria y sistemáticamente apaña y defiende a los culpables, quién defiende a las víctimas? Efectivamente la calle no es un organismo del sistema de justicia, pero sí el único lugar adecuado para hacer frente a la calamidad de que la injusticia se haya apoderado de las instituciones y los poderosos hayan logrado estar más allá del alcance de la ley, sea cual fuere el crimen que hayan cometido.