Atornillados

Por decisión de cuatro ministros de la Corte, dos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral seguirán allí hasta los 75 años.

Con esto, María Elena Wapenka seguirá 9 años más, y Jaime Bestard, 15.

Ambos fueron designados hace 5 años, pero apelaron a la misma figura con la que se atornillaron en sus cargos casi todos los ministros de la Corte.

Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica confirmaron a Bestard; Peña y Raúl Torres Kirmser hicieron lo propio con Wapenka, bajo la figura de la “certeza constitucional”, aquella con la que la Corte del 99 nos había impuesto a un congresista como presidente por más de cuatro años.

Y en el caso de Wapenka, poco importó que la propia ministra Bareiro rechazara el recurso por improcedente.

“Ya han cumplido su mandato y deberían dejar el cargo”, nos decía en ABC TV esta semana el exministro de la Corte José Altamirano, el único que dejó la Corte a los 5 años de haber sido designado.

El episodio es el último dentro de una institución que siempre fue protegida por los grupos políticos dominantes, cómplices en la repartija de cargos para hacernos financiar sus estructuras prebendarias.

Allí también está instalado Alberto Ramírez Zambonini, a quien aún le quedan 4 años bajo la misma figura. Poco importó que haya sido protagonista de un bochornoso fraude con una tesis doctoral plagiada, algo que en cualquier país serio lo hubiese obligado a renunciar y esconderse de la vergüenza por apropiarse de lo ajeno.

Solo la complicidad política puede explicar tanta permisividad e impunidad, con ministros que cobran viáticos por trabajos y viajes que no realizaron, o, como en el caso de Wapenka nuevamente, con empleados domésticos que figuran en las planillas de la Justicia Electoral, algo que al exdiputado Ibáñez le costó el cargo y la indignación ciudadana.

Así es fácil entender por qué hay miles de planilleros impunes o por qué un alto funcionario, un director de calidad informática como Miguel Ángel Iturburo, ofrece sin desparpajo regalar votos a cambio de dinero.

Hasta hace un tiempo, la Justicia Electoral gozaba de una especie de amnistía social, porque las elecciones se organizaban con regularidad y sin problemas mayores.

Hoy es necesaria una profunda reforma de la institución, que por ejemplo sigue manteniendo a casi 3.500 funcionarios bajo el cargo de inscriptores, cuando rige desde hace tiempo la ley de inscripción automática en nuestro país.

Planillerismo, subempleo y ficción laboral se mezclan bajo el argumento de que también se ofrecen charlas y asistencia técnica, cuando que la realidad es evidente: hay mucha más gente de la que se necesita realmente.

Eso sí, es de ilusos suponer que serán los mismos ministros que mantienen el sistema, quienes van a autodepurar la institución.