Una ola que debe llegar a partidos
La ANR y el PLRA, los dos partidos tradicionales del Paraguay, arrastran una larga crisis de principios, de propósitos y de integridad. Esa realidad se refleja estos días en la exposición pública de algunos parlamentarios que hacían (hacen) uso y abuso del poder que les da el cargo para enriquecerse y envilecer la práctica política, impunemente.
Ahora que surgieron pruebas de las extorsiones, los robos y los vínculos con delitos muy graves de algunos dirigentes colorados y liberales son muchos los que dicen que hace mucho sabían lo que ocurría, que eran conscientes de que el dinero que fluía a torrentes durante las elecciones internas en sus agrupaciones políticas no tenía un origen mágico o divino. Sin embargo, no había manera, aparentemente, de luchar contra esas mafias y la mayoría optaba por callar y tranzar.
La voluntad y la actitud decidida de algunos ciudadanos produjo una fisura en el muro de impunidad construido durante tantos años por dirigentes corruptos que se creían más allá del bien y del mal y que no debían explicaciones a nadie.
Cayeron del pedestal político que por largo tiempo venían poniendo a prueba la paciencia y la capacidad de reacción de la ciudadanía.
Sin embargo, no habrá un cambio total ni inmediato. Posiblemente, los casos que salieron a la luz pública no sean más que la punta del iceberg de la corrupción en varias instituciones.
No es viable ni deseable que vivamos en un estado de movilización ciudadana permanente para hacer correcciones en las instituciones de la democracia.
Corremos inclusive el riesgo de que algunos avivados “le encuentren la vuelta” a los escraches que se plantean actualmente contra los corruptos y los empleen para descalificar la lucha popular.
Esta posibilidad se ve potenciada al coincidir este tiempo con una feroz disputa interna instalada en los partidos tradicionales.
En el Partido Colorado, por ejemplo, el cartismo derrotado en las urnas busca en forma indisimulada desgastar al nuevo gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación del grupo.
Podemos llegar, tal vez, a una situación en la que será difícil distinguir cuándo existe un genuino reclamo de justicia y cuándo es fruto de alguna operación política revanchista contra una adversario coyuntural.
La podredumbre que quedó expuesta en estos días en todas las instituciones del Estado debería servir sobre todo para exigir cambios.
El primero y más urgente se refiere al Poder Judicial. El clima de moralidad puede ser clave para que los nombramientos de altos magistrados ya no sean fruto de un simple reparto de cupos partidarios.
La movilización de la gente parece estar dando sus primeros buenos frutos: no solamente algunos legisladores sospechados de corrupción se vieron obligados a renunciar a sus cargos. También el Consejo de la Magistratura se vio esta semana prácticamente obligado a designar ternas de candidatos a la Corte Suprema con personas sobre cuya presencia no se sospeche que se debe a motivaciones de favor político.
Falta ahora que esta ola de cambios llegue a los partidos. Sería saludable que estas instituciones claves de la democracia no sigan siendo vistas como simple trampolín para ocupar cargos en la función pública, con sueldos exorbitantes sin tener que preocuparse por el requisito de la idoneidad.
Si los políticos comprenden esta realidad ayudarían a renovar, revitalizar y, tal vez, a salvar de su paulatina extinción a sus respectivas agrupaciones partidarias, a las cuales todos, en encendidos discursos, (algunos con muy poca credibilidad), dicen querer mucho.