Impulsan proyecto único de transparencia de datos
El Senado postergó ayer el estudio del proyecto que disponía la publicidad de las declaraciones juradas de bienes. Se fusionará con otros dos proyectos: el de “datos abiertos” que incluye a todas las instituciones del país y el del Ejecutivo, que dispone
El proyecto de ley para modificar varios artículos de la ley sobre declaración jurada de bienes y rentas, que dispone, entre otros puntos, que estas sean anuales y que estén a disposición de la ciudadanía en la página web de la Contraloría figuraba en el quinto punto del orden del día de la sesión ordinaria del Senado de ayer.
Finalmente, con acuerdo del proyectista Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) y otros legisladores, se resolvió postergar para consensuar con otros dos proyectos planteados.
La otra propuesta que ayer tuvo entrada formal en el Senado, es planteada por el senador Dionisio Amarilla (PLRA) y otros legisladores. Se trata del proyecto de ley de datos abiertos para la República del Paraguay.
Este proyecto plantea que se puedan divulgar todo tipo de informaciones supuestamente “reservadas y sensibles”. Esto incluirá desde declaraciones juradas y registros públicos hasta lista de aportantes a los partidos políticos; pagos de impuestos, tributos municipales y sindicatura de quiebras, entre otros.
Incluye, según se lee, a todas las instituciones del Estado. La propuesta es mucho más abarcante que la de Cubas e implicaría reconocer de una buena vez que esta información es pública y que, por lo tanto, debe estar disponible para toda la ciudadanía.
No obstante, la publicación de los datos incluirá apenas la información pública que se presente o genere a partir de la promulgación de la ley. Es decir, las declaraciones juradas presentadas previamente no serían incluidas dentro de esta normativa.
Transmisión
El otro proyecto con el cual se intentará fusionar los anteriores fue planteado por el Poder Ejecutivo y dispone la transmisión en directo de las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y de la sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del pleno de la Corte cuando traten designaciones de jueces y fiscales.
Durante el debate ayer en el pleno, se acordó establecer un plazo de 30 días para el estudio y consenso sobre estos proyectos.