Hágase la luz
La transparencia nos permitió conocer los razonables cuestionamientos de algunos senadores para confirmar como director de Itaipú al jefe de campaña de Mario Abdo, José Alberto Alderete.
“No me merece la confianza para dirigir una institución y mucho menos para renegociar la represa más grande del mundo”, disparó Enrique Riera, quien conoció muy bien a Alderete desde sus inicios como un modesto compañero de movimiento interno hasta llegar a ser hoy un acaudalado político.
Pese al cuestionamiento, Alderete obtuvo el acuerdo y quedó ratificado como director.
Pero la oscuridad volvió al Senado esta semana que termina cuando los senadores decidieron mantener como reservada la sesión en la que también dieron su acuerdo para confirmar como director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá al expresidente Nicanor Duarte Frutos.
Por esa oscuridad no conoceremos los argumentos expuestos para ratificar en el cargo al funcionario que dirige una de las empresas más importantes del Estado paraguayo, es decir, de todos nosotros.
La oscuridad no es buena, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sirvió para encubrir denuncias que se cajoneaban o extraviaban ex profeso, como herramienta de apriete y negociación con abogados, jueces y fiscales.
Un negocio del que se beneficiaba no solo Óscar González Daher, sino sus compañeros que por omisión, en el menor de los casos, no exigían la transparencia que luego se debió dar de forma obligatoria tras la podredumbre y corrupción en el jurado, evidenciada en las grabaciones difundidas a fines del año pasado.
La transparencia también debe llegar a la Corte Suprema de Justicia, con la transmisión de la mayoría de sus sesiones, como lo propone, entre otros, la ternada para ministra Elodia Almirón.
Demasiada oscuridad y desorden solo favorecen a quienes lucran con ello.
El secreto debería ser la excepción, y no la norma, cuando verdaderamente se trate algún tema de seguridad nacional o vinculado a la intimidad de las personas sin que esta tenga relación con un interés público.
Y ya que estamos, no estaría mal que el contralor Enrique García deje de extremar recursos judiciales para evitar la transparencia en la declaración jurada de bienes de los funcionarios del Estado paraguayo.
Nos hace recordar a toda aquella gente que se oponía a publicar los nombres y salarios de los empleados públicos, algunos de ellos con la disparatera ocurrencia de que eso podría alentar a los asaltantes o estafadores.
Nada de eso pasó. Tras la lógica curiosidad de mucha gente de enterarse cuánto cobran los funcionarios, bajó el número de consultas.
Y hoy los datos están allí, están disponibles para que quien financia la fiesta se entere de cómo gastan su dinero y denuncie algún cobro indebido.
Vivimos la era de la transparencia, es hora de exigir que salgan de la oscuridad instituciones mantenidas en las penumbras.