Daño patrimonial
En varias municipalidades del departamento de Paraguarí se detectaron innumerables irregularidades en perjuicio del patrimonio público. Sin embargo, pese a que los hechos de corrupción fueron denunciados, en la Contraloría General de la República (CGR) y la Fiscalía de Delitos Económicos no existen avances en los casos.
La falta de un seguimiento y control estricto por parte de las entidades como el Ministerio de Hacienda, que transfieren recursos, y de los responsables de la justicia de castigar con el peso de la ley a los corruptos hace que exista un colosal daño patrimonial en las comunas.
Las obras fantasmas, malversación de los fondos municipales, sobrefacturación de obras y adjudicaciones a empresas amigas y con antecedentes por hechos de corrupción se convirtieron al parecer en prácticas comunes.
Incluso, la presentación de rendiciones de cuentas de los intendentes a sus respectivas juntas municipales para su estudio pasó a ser un simple formalismo, porque pese a ser rechazada o denunciada ante la Fiscalía o la Contraloría, no es vinculante a la hora de recibir los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda, como los royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Para ejemplo tenemos las administraciones del intendente de Acahay, Alcides Sosa (ANR, cartista); del exjefe comunal de Quyquyhó y actual diputado Esteban Samaniego (ANR, abdista) y el lord mayor de La Colmena, Mario Melgarejo (ANR, cartista).
Las ejecuciones presupuestarias de estos tres intendentes fueron rechazadas por los concejales por presuntas anomalías y los hechos fueron comunicados a la Contraloría y a la fiscalía. Sin embargo, igual siguen recibiendo recursos públicos sin ningún tipo de condicionamiento.
El Estado, en su afán de incentivar la descentralización, empezó a distribuir los recursos de royalties y compensaciones como también Fonacide para impulsar el desarrollo y bienestar de los pueblos. Sin embargo, este dinero más bien en los últimos años sirvió para “ayudar” al vertiginoso aumento del patrimonio de algunos de los políticos que lo reciben.
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