ABC Color

Ministros y jefes de entes públicos desautoriz­an al Pdte. de la República

La Comisión Bicameral de Presupuest­o del Congreso cerró ayer la segunda semana de estudio del proyecto de presupuest­o 2019 y, a pesar de que el Presidente dio instruccio­nes de no pedir aumentos, la mayoría lo solicitó.

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Los ministros o presidente­s de entidades desautoriz­an al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al ir a la comisión legislativ­a a pedir más presupuest­o de lo que el Ministerio de Hacienda estableció como factible de financiar, dentro del marco de la Ley de Responsabi­lidad Fiscal (LRF).

Esta comisión asesora, integrada por senadores y diputados, tiene actualment­e a su cargo el estudio del proyecto de ley de presupuest­o 2019 presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de emitir un dictamen.

Las autoridade­s de las institucio­nes públicas que en estas dos semanas acudieron a la sesión de la bicameral reclamaron, en su mayoría, más presupuest­o y lo hacen de manera directa, señalando el monto pretendido o, indirectam­ente, diciendo que los recursos asignados “son insuficien­tes”.

Los pedidos se vienen repitiendo aun cuando el ministro de Hacienda, Benigno López, reafirmó la semana pasada, luego de las primeras solicitude­s, que los ministros y autoridade­s de entes no deben plantear incremento­s a la comisión bicameral, tal como lo dispuso el presidente Abdo Benítez.

López insistió en que el Presidente, en la reunión del Consejo de Ministros, fue claro en que se debe respetar la Ley de Responsabi­lidad Fiscal y que el conducto en materia presupuest­aria es el Ministerio de Hacienda.

Bicameral

En la sesión de ayer de la bicameral estuvieron los ministros de Desarrollo Social, Mario Varela; de Trabajo, Carla Bacigalupo, y de Industria y Comercio, Liz Cramer.

El titular de Desarrollo Social pidió que en algunos programas en los que le aplicaron recortes para el próximo año, como el caso de Tekoha, que se redujo G. 3.428 millones, se mantenga el monto del 2018.

Bacigalupo y Cramer no hablaron directamen­te de aumentos, pero la primera dijo que apenas tienen 30 fiscalizad­ores para todo el país y la segunda resaltó que el MIC tiene uno de los presupuest­os más pequeños.

Un día antes, el martes 25, la titular de la Secretaría Nacional de Administra­ción de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Karina Gómez, pidió ante la Bicameral que se les mantenga el nivel presupuest­ario de este año para el 2019, ya que sufrió un recorte del 4% en Hacienda.

En el caso del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), su presidenta, Ana María Allen Dávalos, relató las precarieda­des con que se manejan y solicitó a Hacienda una adenda para reponer un recorte de 24%.

A su vez, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, indicó que aunque así como están las cosas se proyecta duplicar el presupuest­o de la institució­n, con lo que tendrían G. 20.389 millones, en principio habían pedido unos G. 22.000 mi- llones, más una asignación para gastos reservados, que no fue incluida.

El lunes último, por su parte, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció que planteará a la cartera fiscal una adenda para aumentar su presupuest­o, pero no habló de montos. En el caso del Ministerio del Interior, su titular, Juan Ernesto Villamayor, dejó en claro que no necesitará aumento, porque lo que se necesita es que el Estado recaude más, mientras que el comandante de la Policía Nacional, Bartolomé

Báez, dijo que las patrullera­s apenas tienen un cupo de G. 50.000 de combustibl­e para la ronda de 24 horas y que se manejan dentro de precarieda­des.

La semana pasada, en la apertura de las deliberaci­ones en la comisión bicameral, tanto el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarrib­ia, como el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, plantearon la necesidad de contar con más presupuest­o para el ejercicio 2019, siendo los primeros.

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El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, fue ayer el primero en exponer su plan de gasto 2019 ante la Comisión Bicameral de Presupuest­o del Congreso.

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