Contralor no es apto para seguir, afirma Diputados
El comportamiento del contralor general, Enrique García, demuestra desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia, dice la acusación de Diputados. Sin embargo, el pedido de juicio político al titular del órgano contralor duer
El libelo acusatorio se funda en las causales de mal desempeño y la comisión de delito, previstas en la Constitución. Agrega que es clave resaltar que no se pretende investigar ni juzgar la comisión de un delito o de una falta, sino evaluar la idoneidad ética para desempeñar el cargo de contralor general.
“El mal desempeño como causal de remoción por juicio político implica una valoración política de la conducta, los actos y las omisiones en el desempeño de la función. Es, entonces, un juicio sobre la idoneidad y la aptitud del funcionario para el desempeño del cargo en orden al cumplimiento de los fines de interés público inherentes al funcionamiento de los órganos del Estado. En esa valoración están incluidas tanto la comisión de delitos en el ejercicio de la función como fuera de ella y las faltas que se hubiesen cometido en el cargo, aunque no sean figuras delictivas”, dice la acusación en la que se pidió la remoción.
Luego recuerda que el 2 de marzo último, el fiscal Leonardi Guerrero imputó al contralor por producción de documentos no auténticos. Fue para justificar la no apelación ante el Poder Judicial de un fallo arbitral que condenó a la Comuna de Asunción, en donde era director jurídico, a pagar 3,6 millones de dólares a la firma Ivesur, en concepto de indemnización.
Para la Cámara de Diputados, la única vía para seguir con el proceso penal al contralor es removerlo del cargo mediante un juicio político. “La implementación de este procedimiento resulta la única vía idónea para que el funcionario en cuestión responda por su responsabilidad política ante el Congreso Nacional. También refuerza esta postura la imperiosa necesidad de que un órgano extra poder como la Contraloría General de la República no puede estar dirigida por una persona sospechada de la comisión de hechos punibles y mucho menos por delitos contra el patrimonio público del cual es el principal protector”, el libelo.
“En aras de mantener el Estado de derecho y así garantizar el funcionamiento regular de la CGR, resulta crucial el sometimiento de la máxima autoridad al escrutinio del Congreso Nacional en el marco de un proceso que garantice todos los derechos procesales especialmente los plazos acordes a la materia”, refiere el libelo.
La Constitución Nacional, enfatiza según los integrantes de la Cámara Baja, ha creado la Contraloría General de la República como órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. “Y esa trascendental función para la vida de un Estado, nunca podrá ser cumplida si quien se encuentra a cargo de la institución fiscalizadora se encuentra investigado por la comisión de hechos punibles en detrimento del erario público, por lo que resulta imperioso que esta Honorable Cámara de Diputados inicie el correspondiente juicio de responsabilidad contra aquél funcionario del Estado”.
“El comportamiento del Contralor demuestra un serio desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia, una clara desviación de poder y menoscaba el prestigio de las instituciones que integran el sistema democrático”, apunta el escrito y agrega que “resulta importante hacer mención a que el propio contralor general, en los casos en que funcionarios de la institución fueron imputados por el Ministerio Público, los ha separado de sus cargos por considerar incompatible el ejercicio de cargos de confianza con la condición de imputado”, dice la acusación.
Sin embargo, desde el 5 de julio pasado, el pedido de juicio político a García está cajoneado en la Cámara de Senadores, pese a la gravedad de la acusación contra el titular del órgano contralor que recientemente blanqueó al imputado exsenador cartista Óscar González Daher y otros “peces gordos”.
Se habla de que el alto funcionario habría repartido cargos a personas cercanas a integrantes de la Cámara Alta, especialmente del PLRA.