Plausibles actuaciones del Ministerio Público
En las últimas semanas, la ciudadanía ha sido testigo de un par de acontecimientos de singular relevancia para el saneamiento moral de la República. En efecto, el hecho de que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón ,el exsenador colorado Óscar González Daher y el diputado
Ulises Quintana, también del partido gobernante, estén hoy presos por orden judicial –una situación por la que jamás habrán pensado pasar– debe ser calificado de extraordinario en un país donde quienes ocupan altos cargos estatales tienen –o tenían– la impunidad garantizada por el sometimiento del Ministerio Público y de la Justicia a los poderes políticos.
Resulta también sumamente auspicioso que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción haya dispuesto la apertura de una investigación penal a otros tantos personajes influyentes de la política, como los integrantes del cuestionado “clan” Zacarías de Ciudad del Este, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas
–todos colorados–, y del senador liberal Dionisio Amarilla, que parecían inmunes a cualquier pesquisa.
En verdad, algo parece haber cambiado desde el 15 de agosto de este año, cuando se esperaba que el “nuevo
rumbo” de Horacio Cartes se mantuviera contra viento y marea.
No se necesita mucho esfuerzo para imaginar que serán fortísimas las influencias indebidas que se estarán ejerciendo para que la prisión preventiva de los susodichos sea revocada y para impedir que sean juzgados y punidos de acuerdo a la ley. Esas presiones afectarán no solo a los magistrados, sino también a los agentes fiscales intervinientes.
Lo antedicho se desprende de unas recientes declaraciones de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en las que aludió a la recusación planteada contra los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, por la abogada Sara Parquet, defensora de González Daher, quien debió abandonar, en el breve lapso de ocho meses, dos veces la banca senatorial que profanaba, compelido por la indignación popular.
Los fiscales recusados para que frenen las pesquisas son los mismos que Víctor Bogado, el pertinaz chicanero senador colorado, pretende también apartar de la causa que se le abrió hace un lustro por los delitos de estafa y de cobro indebido de honorarios, como autor y cómplice. Su pedido de mala fe, para entorpecer la marcha del proceso, aún no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia pese a que ya pasaron dos años. Por supuesto, tampoco se ha expedido hasta ahora sobre las recusaciones de Díaz Verón y de Quintana contra las agentes fiscales Estefanía
González y Lorena Ledesma, respectivamente, que apuntan también a obstaculizar las investigaciones.
Quien lidera el Ministerio Público dijo, además, que ella no recibe presiones de nadie, pero sí los agentes fiscales cuando son denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esto implica que el órgano que llegó a
presidir el indigno senador privado de su investidura a fines de 2017 es usado como un garrote para amedrentar a quienes cumplen con su deber.
Alegra saber que la fiscala general del Estado, según afirmó, los apoyará siempre, “desde el momento en que tienen una causa donde hay presiones políticas”, y que sería implacable con ellos si se detectara un acto de corrupción. Esta última advertencia resulta atinada, porque también el soborno puede servir para desalentar indagaciones que podrían tener aciagas consecuencias para los facinerosos.
Aparte del respaldo explícito de la superior jerárquica,
Sandra Quiñónez, los agentes fiscales que actúan en los últimos “grandes casos” y aquellos que lleguen a intervenir en otros deben también ser animados por los ciudadanos que quieren que impere la justicia y que los delincuentes sean castigados gracias a la diligencia, a la honestidad y al coraje de quienes integran el Ministerio Público. Vale la pena subrayar la importancia del coraje, pues lo necesitan mucho para enfrentarse a los peces gordos de la política y de la burocracia. Es preciso alentarlos para que, como representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, la defiendan contra los corruptos que la agravian también –y sobre todo– desde las alturas del poder. La ciudadanía ha estado dando admirables muestras de que anhela un país en el que haya justicia igual para todos, es decir, que también sean sancionados quienes se valen de la función pública para traficar influencias, lavar dinero, evadir impuestos o cometer cualquier otro hecho punible para llenarse los bolsillos. Está expresando en las calles y en las redes sociales su más claro repudio al bandidaje instalado en el aparato estatal y exigiendo que ciertos exponentes del mismo no sigan impunes.
Es bien sabido que desde estas páginas se ha criticado con dureza, una y otra vez, la cobardía o la venalidad de los agentes fiscales. Por eso mismo es grato constatar hoy signos auspiciosos de regeneración moral e institucional.
Es lo que implica también el hecho de que la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción,
Soledad Machuca, haya acusado al mecánico Miguel Ángel Carballo, presunto testaferro del senador Bogado, rectificando así el pedido de sobreseimiento provisional presentado por el agente fiscal Nelson Ruiz, quien se fundó en el dictamen del perito del Laboratorio Forense Emilio
Fernández. Igualmente promisorio resulta que el Ministerio Público haya imputado por enriquecimiento ilícito a su anterior jefe, Javier Díaz Verón, ignorando el peritaje exculpatorio del mismo funcionario.
Este pueblo tan afligido por la corrupción no debe seguir siendo defraudado por quienes deberían defenderlo, empezando por el Ministerio Público.
Por esta razón, debe premiarse con un voto de aplauso a quienes han actuado en los casos referidos, con arreglo a la ley y a la moral, por el bien de sus compatriotas decentes.