Violento e incontrolable
En las últimas semanas existe mayor visibilidad de hechos de delincuencia y de reacciones violentas dando la sensación de la existencia de alguna falla en la tarea de prevención y combate a ladrones, asaltantes y criminales en general. El hecho es incuestionable: aumentó la inseguridad ciudadana y el debate que se abrió al respecto oscila entre la posibilidad de que haya recrudecido la delincuencia o se haya debilitado la intervención estatal en este campo.
Cualquiera sea la definición que se tenga respecto a esta duda, la verdad es que hoy vivimos en un país mucho más violento que ayer. No se trata de una sensación o percepción sino de constatación de hechos concretos. Asaltos en la calle con saldos fatales, robo en centros comerciales, también con saldo fatal; asaltos a vehículos distribuidores de mercaderías; robo a personas que retiran fondos de instituciones financieras y la cotidiana labor de los rateros de barrios que no pueden ver ni siquiera ropas colgadas en el vecindario.
Es sumamente peligroso vivir en un ambiente de esta naturaleza con el agravante de que aumentan también las reacciones de la gente en contra de los delincuentes y sus protectores, un evidente brote del conocido procedimiento “justicia por mano propia”, una modalidad que sabemos cómo comienza pero no cómo termina.
Está claro que la delincuencia nunca dejó de existir en nuestro país, cualquiera haya sido el gobierno de turno, de modo que es importante reiterar para no caer en comparaciones simples que de lo que estamos hablando es del aumento de la inseguridad, algo que la gente atribuye al cambio introducido por el actual gobierno al sistema de trabajo del grupo de élite policial denominado “Lince”.
Ya que hablamos de las probables causas debemos señalar que la respuesta del Ministerio del Interior a tal interpretación es que no ha variado nada, excepto el hecho de que se van quedando sin presupuesto para afrontar la situación. Pero también se insinúa a nivel político que la verdadera razón del aumento de la delincuencia es que una parte importante de la Policía Nacional responde aún a las orientaciones del cartismo, lo que da como consecuencia que desde algún recóndito lugar de esa institución se alienta a adoptar la postura de “brazos caídos” de los uniformados.
Pueden existir inclusive otras razones como la posibilidad de que el actual comandante o el actual ministro no gocen de la simpatía de los uniformados, y cuando hablamos de simpatía no nos referimos al carácter de los mismos de si son o no bromistas o generosos, sino a la probabilidad de que no sean “conversables” y en cambio sean intolerantes a determinadas “costumbres y usos” del personal policial.
Cualquiera sea la situación, es preocupante que el nuevo Gobierno comience rengueando en una cuestión capital para el relacionamiento social y el desarrollo armonioso de las actividades económicas y profesionales. Del mismo modo, es preocupante la frecuencia con que estallan episodios de “justicia por manos propias” de personas afectadas por los reiterados actos de delincuencia.
Si bien en estos momentos, y desde hace ya bastante tiempo, no hay movimiento ni noticias de los secuestradores, extorsionadores y asesinos del Norte que quebranten el sistema de seguridad estatal, es alarmante que la sociedad sienta una especie de ausencia de Estado en materia de seguridad y muy peligroso que la violencia se generalice y pase a constituir una faceta de la costumbre ciudadana, que por ahora se manifiesta en la intención de linchar a ladrones comunes, pero mañana se puede transformar en otras formas de ejecutar a sospechosos, aún cuando fueran sorprendidos in fraganti.
Es urgente y prioritario que el Gobierno analice, reflexione e implemente una estrategia eficiente de seguridad si no quiere convertir al país en corto plazo en uno de los lugares más violentos e incontrolables.