No más oscuridad
Como generalmente suele ocurrir, esta semana volvimos a quedarnos en la anécdota sin discutir el fondo de la cuestión.
Los grupos de WhatsApp se llenaron de mensajes del tipo “ese luego no se baña”, “drogadicto es”, “es un ídolo porque les dice las cosas en la cara a los bandidos” y “es un loco pero necesario con tantos corruptos sueltos”.
La gran mayoría de las opiniones se centró en las formas que usa el senador Cubas, que de loco no tiene literalmente un pelo, para transmitir un mensaje político.
El fondo de la cuestión que motivó su reacción y enfrentamiento con un par de colegas fue la necesidad de hacer pública la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la que comparecieron quienes aspiran a llegar a ministros de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué motivos pueden justificar que sea reservada una sesión de comisión en la que aspirantes a ministros de la Corte responden a preguntas de senadores? ¿Qué interés se hubiese visto afectado al tener una sesión abierta para aquel que la quiera observar?
Hace dos semanas hablábamos de la necesidad de transparentar el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Decíamos que demasiada oscuridad y desorden solo favorecen a quienes lucran con ello, y que el secreto debería ser la excepción y no la norma, exclusivamente cuando se afecte algún tema de seguridad nacional o se ponga en riesgo la intimidad de las personas, sin que esta esté vinculada a un interés público.
Con esa oscuridad y desorden, por ejemplo, el exsenador Óscar González Daher mantuvo congeladas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados unas 730 denuncias contra jueces y fiscales, la mayoría hechas hace 6 o 7 años, de acuerdo al nuevo presidente del Jurado, Cristian Kriskovich.
Es lógico suponer que esa oscuridad era una herramienta de apriete y negociación con denunciantes y denunciados, ante la complicidad, por omisión, de los demás miembros del Jurado, que no exigían la transparencia y el orden en la administración.
González Daher tuvo que dejar el cargo para que nos enteráramos de que existía toda esa cantidad de expedientes paralizados, ante el silencio de los demás consejeros.
Decíamos también que esa transparencia debería ser obligatoria en la Corte Suprema de Justicia, con la transmisión de las sesiones y sus discusiones jurídicas, que deberían estar abiertas a cualquier ciudadano que quiera controlar el funcionamiento del órgano que ejerce el poder en el que se incuba la impunidad en nuestro Estado.
Por eso también debería haber sido pública la exposición de quienes aspiran a llegar a ministros de la Corte Suprema de Justicia, conocer lo que piensan sobre decisiones que eventualmente deberán tomar, y, sobre todo, los planteamientos de los senadores, que evidenciarían si el criterio de designación de ministros sigue siendo principalmente el partidario.