La Justicia vs. las chicanas de Víctor Bogado. El 24 de octubre de 2013 –está a punto de cumplirse cinco años–, el Ministerio Público imputó al senador Víctor Bogado (ANR) por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios por valor de 71 millones

El 24 de octubre de 2013 –está a punto de cumplirse cinco años–, el Ministerio Público imputó al senador Víctor Bogado (ANR) por los delitos de estafa y de cobro indebido de honorarios por valor de 71 millones de guaraníes, en calidad de autor y de cómplice, respectivamente. Desde entonces, ha venido impidiendo la apertura del juicio oral y público mediante reiteradas chicanas toleradas por la magistratura pese a que implican un evidente ejercicio abusivo del derecho a la defensa. Su empeño en entorpecer el proceso responde, evidentemente, a que se sabe culpable de los hechos punibles que se le atribuyen y que se resumen en haberse valido del dinero público para abonar el salario de la niñera de sus hijos, contratada por Itaipú Binacional y comisionada en 2013, a pedido suyo, a la Cámara de Diputados que presidía, y donde –cosa rara– ¡ella ya era funcionaria! La más reciente maniobra del presunto estafador consistió en denunciar el 19 de septiembre, ante la Fiscalía General del Estado, a los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz por perseguir a un “inocente”, es decir, ¡a él! Lo hizo recién cinco años después de la imputación, sin pretender apartarlos de la causa ni dilatarla, según dijo. Dados los escandalosos antecedentes, es razonable temer que en la audiencia preliminar fijada para mañana recuse a los denunciados por no inhibirse, aunque la causal no esté prevista en la ley, o recurra a cualquier otro rebuscado argumento, solo para volver a trabar el cumplimiento de esta etapa procesal, en la que se debe disponer si hay motivos suficientes para enjuiciarlo. En tal sentido, no debe descartarse que recuse también al juez Rolando Duarte, por algún motivo que se saque de nuevo de la manga. La cuestión es seguir chicaneando y evitar la prosecución de la causa. Hay pruebas más que suficientes para sentar al acusado en el banquillo y juzgarlo con todas las de la ley, luego de haberse burlado de la Justicia durante un lustro. Fue favorecido por la tolerancia de la magistratura con sus artimañas e incluso por la morosidad de la Corte en actuaciones relacionadas con el caso. Estuvo ganando tiempo a como dé lugar, hasta el punto de que ya estaría por prescribir la persecución penal del delito por el que está acusado como cómplice. Por eso, es esperanzador que la fiscala general Sandra Quiñónez haya advertido que “el hecho de recusar a un fiscal es una chicanería”, y que pidiera a las instancias superiores que den rápido trámite a dichas acciones obstructivas para no demorar los procesos, como ha venido ocurriendo en este caso. Los últimos extraordinarios hechos que desembocaron en la reclusión, por orden judicial, del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, del diputado colorado oficialista Ulises Quintana y del influyente exsenador del mismo partido Óscar González Daher estarán preocupando bastante al contumaz chicanero. Tales recientes decisiones hacen pensar que ya no podría esperar tanta condescendencia o hasta complicidad en el Palacio de Justicia, pero así y todo la ciudadanía debe mantenerse en estado de alerta. Se trata de un caso emblemático de la impunidad judicial, similar al del ladrón confeso José María Ibáñez, otro “abonado” de la magistratura, quien solo renunció a su banca debido a la indignación expresada por las personas de bien. Aparte de que resulta repugnante que se robe el dinero público para retribuir los servicios de una empleada doméstica, la descarada inconducta procesal del senador Bogado ha puesto a dura prueba la paciencia de la gente, que comienza a manifestarse firmemente contra estos desfachatados. De hecho, a lo largo de los últimos años ha desafiado con su mala fe la conciencia jurídica y moral de quienes creen en la honestidad y en el respeto a la ley. Ha revelado carecer de escrúpulos hasta el punto de haber inducido a una joven a la presunta comisión de un hecho punible. Es obvio que ella no actuó por propia iniciativa, sino que respondió a una estratagema concebida por su presunto patrón. Todos los indicios apuntan a que Víctor Bogado es indigno de ocupar una banca en el Poder Legislativo. Por eso, la ciudadanía debe prepararse para repudiar con firmeza cualquier argucia dilatoria a la que el sujeto de marras podría apelar por enésima vez. Es de confiar que la judicatura continúe en el auspicioso curso que ha venido siguiendo en las últimas semanas, para mal de los facinerosos de guante blanco y para bien de la República. La sociedad paraguaya merece una Administración de Justicia confiable, para lo cual es preciso que se siga movilizando a fin de que se imponga el principio de que todos somos iguales ante la ley, y de que los togados ya no se inclinen ante los políticos poderosos, como ha venido ocurriendo durante tanto tiempo.