Sigilosamente salvan a diputado
De un plumazo, la Corte dejó ayer en la nada el proceso penal al diputado Carlos Núñez Salinas por contrabando y producción de documentos no auténticos, tras concluir que es una cuestión aduanera. El legislador había admitido el hecho.
Con los votos en mayoría del ministro Sindulfo Blanco (se jubila el próximo 10 de diciembre), del camarista en lo civil y comercial Carmelo Castiglioni y la disidencia del camarista en lo civil y comercial Neri Villalba, la sala constitucional de la máxima instancia judicial hizo lugar a una excepción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del parlamentario.
En consecuencia, la Corte declaró la inaplicabilidad del artículo 336 de la Ley 2.422/04 Código Aduanero y del artículo 246 del Código Penal, producción de documentos no auténticos.
“En este caso en particular, conforme se tiene en los antecedentes, la autoridad con facultad legal para determinar la calificación lo ha fijado como defraudación, y esta únicamente se da, cuando en la persona del sumariada no se subsume la calificación de contrabando”, afirma Blanco, al sostener la inaplicabilidad de la figura de contrabando previsto en el art. 336 de la Ley 2.422/2004 “Código Aduanero”.
“La defraudación, en los términos del actual Código Aduanero, no es un hecho punible y pretender procesar a una persona por un hecho no relevante en el ámbito penal, resulta violatorio de las normas constitucionales”, agregó el ministro.
Respecto a la producción de documentos no auténticos, Blanco sostuvo que también debe prosperar, debido a que la acusación hace referencia a un documento obtenido en el exterior, pero no mediante la aplicación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
A su vez, Villalba votó por el rechazo de la excepción, tras argumentar que los hechos objetados por la defensa no constituyen “una lesión al derecho a la defensa del imputado, ni viola derecho, garantía, obligación o constitucional alguno”.
La acusación revela que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez, despachó en el año 2011 un total de 11 ruteadores. En el instrumento de Aduanas se hizo figurar un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto.
Posteriormente, una auditoría determinó que el valor real de la mercadería era de US$ 1.026.028 y eran en realidad eran 31 decodificadores de TV.