El futuro deseable de la ola anticorrupción
La ola de imputaciones judiciales contra políticos que se verifica en estos días en el Paraguay se diferencia de otras movidas similares contra la corrupción que se dan y se dieron en la región y en el mundo. En nuestro caso, los principales protagonistas no son, como cabría esperar, el Poder Judicial o el Ministerio Público, sino la gente.
Tal vez no sea correcto decir que esta suerte de primavera vernácula contra los corruptos en la función pública la impulsó “la ciudadanía”.
No se dieron, como en otros países, manifestaciones multitudinarias. No es el estilo paraguayo. En verdad, los impulsores fueron grupos de personas organizadas respaldadas por ese ente inasible y abstracto de la tecnología que damos en llamar “redes sociales”.
El hecho que las citaciones judiciales alcancen a actores políticos de distintos partidos y movimientos confunde a los amantes de las conspiraciones (a menos que quieran creer que tiene una proyección religiosa o esotérica).
Al cartismo le gustaría instalar que se trata de una instrumentación de la Justicia por parte del oficialismo abdista, para perseguirlos.
Del otro lado, y como los coletazos de las investigaciones judiciales alcanzaron a legisladores de Colorado Añetete, les gustaría a sus dirigentes decir que se trata de una represalia impulsada por el cartismo con los tentáculos que dejaron instalados en el Poder Judicial.
En el PLRA, están afectados por las denuncias y procesos judiciales representantes de los dos sectores enfrentados de ese partido, por lo cual resulta difícil argumentar que hay persecución contra un sector en particular.
Ciertamente que, entre los colorados, al “caer” en manos de la Justicia alguien de un movimiento interno, los del otro utilizan sus influencias para que también sean afectados sus adversarios.
Este “quid pro quo” termina beneficiando, sin quererlo quizás, al sistema. Por primera vez, después de mucho tiempo, están siendo juzgadas autoridades nacionales y locales por delitos que al ser tan comunes y repetitivos, ellos los consideraban normales. Como si robar al Estado fuera parte de las atribuciones de sus cargos.
A esta situación de acorralamiento a los corruptos se llegó con una presión combinada entre medios de comunicación, los ciudadanos indignados y organizados y las redes sociales. Es decir, no fue fruto de un proceso de fortalecimiento de las instituciones en cuanto al cumplimiento de su rol. En especial, no fue un resultado de que tengamos, por fin, un Poder Judicial independiente. Dicho proceso más bien deberían darse ahora, de manera acelerada, aprovechando la coyuntura.
Aunque la democracia participativa que se da con los escraches a los políticos es saludable y ha demostrado ser efectiva, en un momento dado puede llegar a ser mal utilizada y con objetivos interesados y dirigidos entre adversarios políticos.
Lo ideal es que la ciudadanía se mantenga alerta, en especial la gente joven, para no repetir los vicios que ahora se combaten con toda razón. Pero también, los políticos más lúcidos deberían impulsar normativas y acciones que fortalezcan la independencia del Poder Judicial y el control en las instituciones del Estado en general.
El objetivo debe ser que cada vez sea más difícil que políticos aprovechadores y sinvergüenzas repartan migajas a unos pocos mientras se enriquecen, se vuelven poderosos e impunes y, en forma insolente y descarada, quieren presentarse como personas sensibles e incomprendidas que solo hace el bien y pretendan poco menos que se les haga un monumento.
A ellos se los debería evidenciar, en cualquier oportunidad que haya, con escraches y con denuncias, para que terminen como se espera que lo hagan varios de los personajes políticos que en estos días desfilan en los estrados judiciales.