Jurado continúa en conflicto con la Corte por no aplicar suspensiones
La Corte Suprema sigue sin hacer efectivas las suspensiones y remociones de jueces y fiscales que dispuso el Jurado de Enjuiciamiento, con lo que se avecina una nueva crisis.
Una situación similar ya se vivió hace unos meses cuando la Corte Suprema no hacía efectiva las suspensiones y remociones de jueces y fiscales, lo que produjo una crisis entre el alto tribunal y el órgano juzgador.
Finalmente, una minicumbre entre los ministros de Corte y los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había aflojado la tensión entre ambos estamentos tras una promesa de la máxima instancia judicial de que agilizaría las sanciones a los operadores de justicia.
Sin embargo, la Corte nuevamente congela las decisiones tomadas por el JEM.
Fallos nulos
La falta de cumplimiento inmediato de los fallos emitidos por el JEM pueden incluso provocar un caos jurídico.
Es el caso denunciado por el abogado Mauro Barreto, presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, quien indicó que la jueza penal de sentencia Mirta Aguayo (removida recientemente) sigue participando de los juicios, con lo que las resoluciones que firma esta magistrada podrían atacarse de nulas.
En el caso de jueza Aguayo, al igual que otros magistrados y fiscales, no fueron notificados, o bien la Corte no hizo efectiva aún las suspensiones o remociones de los operadores de justicia.
Dos normas
El Artículo 253 de la Constitución Nacional establece: Del enjuiciamiento y remoción de los magistrados. “Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos y mal desempeño de funciones definidas en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”. Por otro lado, el Art. 13 de la Ley N° 3759/2009 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados” dispone: “Habiendo el Jurado dispuesto de oficio la suspensión del enjuiciado, comunicará a la Corte Suprema dicha resolución para que esta la haga efectiva en el perentorio plazo de 15 días, con o sin goce de sueldo, dependiendo de la gravedad del hecho”.
Esta norma emplaza a la Corte por 15 días para aplicar las sanciones.