EDITORIAL
Antes que servicio militar, reestructurar las Fuerzas Armadas.
El presidente Mario Abdo Benítez ha reiterado su promesa de revitalizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) establecido en el art. 129 de la Constitución y reglamentado por la Ley N° 569/75. Como era de esperar, esta intención del Comandante en Jefe de las FF.AA. ha reavivado el debate acerca de la necesidad o no de que en la actualidad el Paraguay cuente con fuerzas armadas para la defensa de su soberanía contra una eventual agresión externa. La opinión prevaleciente entre varios analistas es la de que el país sí las necesita, pero no tanto para defenderse contra una agresión extranjera, sino para la defensa de la seguridad interior de la República contra modernos enemigos, como el crimen organizado, el narcotráfico y la mafia transnacional que ha logrado insertar sus tentáculos en nuestro país en los últimos años. Pero para cumplir esta misión, deben estar organizadas, equipadas y entrenadas adecuadamente. Para el efecto, debe haber una decisión política clave: el porcentaje del gasto público anual que se debe destinar a ese objetivo.
El presidente Mario Abdo Benítez ha reiterado su promesa de revitalizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) establecido en el art. 129 de la Constitución y reglamentado por la Ley Nº 569/75. Tal normativa dispone que los ciudadanos de sexo masculino que hayan cumplido los 18 años de edad y hasta los 50 tienen la obligación de prestar servicio en filas de las Fuerzas Armadas por el término de un año, excepto quienes declaren su objeción de conciencia; dispensa alternativa reglamentada por la Ley Nº 4013/10.
Como era de esperar, esta intención del Comandante en Jefe de las FF.AA. ha reavivado el debate acerca de la necesidad o no de que en la actualidad el Paraguay cuente con fuerzas armadas para la defensa de su soberanía contra una eventual agresión externa. Quienes están en contra de la reactivación compulsiva del servicio militar arguyen que en el contexto de seguridad del Hemisferio Occidental, en particular en el de la América del Sur, el Paraguay no tiene en vista ninguna hipótesis de conflicto bélico con ninguno de sus vecinos limítrofes. Es más, por el art. 144 de la Carta Magna, “La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa”. Por el lado sico-social, sus detractores traen a la memoria los tiempos de la dictadura stronista, cuando, en vez de recibir la instrucción básica militar, muchos “soldaditos” fungían de sirvientes en las casas, quintas y estancias de sus jefes, realizando tareas ajenas a sus funciones. Esa leyenda negra permanece viva en la memoria colectiva, por más que en la actualidad tales prácticas hayan sido virtualmente desterradas de los cuarteles; aunque, irónicamente, bajo el gobierno de Horacio Cartes era lugar común que por las redes sociales se viralizaran escenas degradantes de oficiales subalternos de las FF.AA. cebando tereré o sosteniendo paraguas a jerarcas civiles del régimen en actos oficiales.
Por su parte, quienes están a favor de la reactivación compulsiva del SMO aducen fundamentalmente razones sociales, culturales y de seguridad interna. Muchos recuerdan que en sus tiempos de estudiantes de nivel secundario tuvieron la oportunidad de cumplir con este deber ciudadano en los prestigiosos Centros de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor), en el Cuartel de Villa Hayes o en otras unidades militares de la capital o del interior del país. También están a favor quienes morbosamente conciben los cuarteles como “centros correccionales” de jóvenes moralmente descarriados en sus costumbres.
En el contexto de este debate público, que ha recrudecido con la asunción de un nuevo Gobierno, sobre si el Paraguay necesita o no de Fuerzas Armadas, la opinión prevaleciente entre varios analistas es la de que el país sí las necesita, pero no tanto para defenderse contra una agresión extranjera, sino para la defensa de la seguridad interior de la República contra modernos enemigos, como el crimen organizado, el narcotráfico y la mafia transnacional que ha logrado insertar sus tentáculos en nuestro país en los últimos años. Se cree que, de no tomarse medidas drásticas para combatirlos, el Paraguay puede convertirse en un “Estado fallido”, como muchos de los que actualmente existen en el mundo, con las lamentables consecuencias que conocemos.
Ahora bien, para cumplir con esta nueva misión, deben estar organizadas, equipadas y entrenadas adecuadamente.
Las que tenemos en la actualidad –así como están– no tienen la capacidad para hacerlo. Por consiguiente, el Gobierno debe potenciarlas mediante una reestructuración orgánica total, a partir de una decisión política clave: el porcentaje del
gasto público anual que se decida destinar a su mantenimiento y operación. Actualmente, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) es de US$ 311 millones, equivalentes a 2,36% del gasto público. Este monto es absorbido totalmente por el rubro sueldo del personal supernumerario de oficiales, suboficiales y
sargentos que conforman sus amorfos cuadros, sin que resten recursos para inversión en ejercicios de entrenamiento o en compra de equipos y armamentos.
Ese presupuesto del MDN para el corriente año representa el 0,72% del Producto Interno Bruto (PIB recientemente revisado de US$ 43.776 millones). Es ínfimo en comparación, por ejemplo, con el de Uruguay (2,10%) y de Bolivia (1,7%).
Entonces, la primera medida para la reestructuración orgánica de las FF.AA. debe ser política (Poder Ejecutivo y Parlamento): definir el porcentaje del PIB a ser destinado a gastos de defensa anualmente o el porcentaje del Presupuesto General de Gastos. Establecida esta métrica político-económica, el Comandante en Jefe debe impartir al Alto Mando Militar y al ministro de Defensa Nacional la directiva para que conjuntamente procedan a elaborar el plan de reestructuración orgánica de las FF.AA., con base en el presupuesto plurianual autorizado. La irreal estructura orgánica militar vigente (presupuesto 2018) cuenta con 82 oficiales generales, 2.815 oficiales superiores y subalternos, 6.486 suboficiales y 3.824 soldados.
En las condiciones actuales, tratar de reavivar repentinamente el SMO con base en una suerte de amenazas, sin antes definir la estructura y el rol de las FF.AA., no es lo más aconsejable, y solo promoverá más rechazo antes que la recuperación del antiguo prestigio castrense.