Controlar encuestas

Edwin Brítez

Hacer encuestas conlleva una gran responsabilidad por su ilimitado alcance y por las probables implicancias de sus resultados, razones más que suficientes para que este trabajo de recopilar información se realice con rigurosos niveles de calidad, confiabilidad y veracidad. ¿De cuál profesión o disciplina el público no espera lo mismo?

Una encuesta es una herramienta de trabajo de personas, partidos, empresas u otras organizaciones que necesitan saber o descubrir las tendencias, opiniones, voluntad, preferencia o intención del mercado, sea económico, político o de cualquier tipo.

Por eso la importancia de que los responsables de las encuestas se conduzcan con ineludible conducta ética, especialmente en el sentido de no alterar ni ignorar las opiniones o informaciones recogidas, menos aún falsearla. Tampoco se debe presionar a los entrevistados a responder de determinada forma evitando desde luego inducir o sugerir respuestas.

No obstante, quien tiene menores oportunidades de tergiversar los resultados son en realidad los encuestadores, esos trabajadores de campo que se entrevistan con la gente; en cambio el que mayor responsabilidad asume en un probable acto de mala fe es el administrador final de la investigación, que generalmente es el dueño del proyecto o de la empresa.

El problema que enfrenta la clase política con las encuestas es que ella misma otorga valor propagandístico a algo que no pasa de ser una investigación de mercado para que las candidaturas políticas puedan enfocar sus campañas electorales. En esa línea, los políticos están dando los pasos necesarios para controlar las encuestas a través de su herramienta institucional, que es la Justicia Electoral, donde las autoridades de la casa están sometidas a la voluntad política de grupos dominantes, de conductas corporativas o de intereses articulados.

Es común que la información obtenida por las organizaciones de encuestadoras sea entregada o vendida a los medios de comunicación, los cuales dan a las mismas igual trato que se dan a las informaciones relevantes. Para el periodismo, las informaciones relevantes son las que interesan a su audiencia, las cuales pueden ir acompañadas de opiniones y análisis.

Hasta el momento, el trato entre los encuestadores y los medios de comunicación es libre. Ambas partes comprometen su credibilidad en este contrato, ya que en tiempos electorales no se presume la estupidez de la gente, teniendo en cuenta la intensidad, cantidad y diversidad con que circulan las informaciones y la competencia con que se disputan las empresas la atención del público. ¿Nunca escucharon que ciertos candidatos ganaron a pesar de las encuestas y los medios? Se trata de buenos candidatos con buena campaña.

Entonces, ya pueden advertir por qué el interés de los políticos de “reglamentar” la divulgación de las encuestas, sin importar que con ello se viole la Constitución, con tal de que sean ellos quienes tengan la potestad de calificar y descalificar a las encuestadoras y que tengan el poder de rechazar y sancionar a los medios de comunicación que se nieguen a “cumplir con las reglas”. Así pueden ayudar a que se elijan a “encuestadoras amigas”.

En todas partes y en todos los tiempos desde su creación, las encuestas probabilísticas cometen errores de medición, lo que llevó a la Gallup a aclarar en su momento que “se trata de encuestas, no de profecías”. Cabe preguntarse si el público necesita del Estado para estar seguro de que la información a la cual accede es confiable o no en materia electoral. Creo que no.

De lo contrario, ¿qué debería hacer el Estado con la toneladas de promesas incumplidas de los políticos?; ¿meterlos a la cárcel, por mentir? Si los errores de encuestas molestan a los políticos, cómo es que no les molestan las mentiras deliberadas de sus discursos? ¿Debería la Justicia Electoral revisar también antes los discursos que van a pronunciar, y decidir si quienes van a pronunciarlos están o no calificados? Absurdo.