Proyecto sobre gastos sociales no se mueve
El proyecto de ley que busca poner fin a la discrecionalidad en Itaipú y Yacyretá en el manejo de los “gastos sociales” no se mueve en la Cámara de Diputados. Sin los votos de los colorados no sería factible su aprobación, admitió el diputado Édgar Acosta, uno de sus impulsores.
El 25 de setiembre último, los diputados liberales Édgar Acosta, Julio Mineur y Pastor Vera Bejarano presentaron el proyecto de ley con el que se proponen incorporar los fondos para gastos sociales de las entidades binacionales en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Consultado en qué “estadio” se encuentra el proyecto, su “ideólogo”, diputado Edgar Acosta, respondió que fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación y Entes Binacionales Hidroeléctricos la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, en minoría y mayoría.
Acosta señaló que los presidentes de estas comisiones aún no han convocado a sus miembros para iniciar los análisis, razón por la cual el proyecto está varado.
Preguntado qué debe hacerse para avanzar con el trámite, dijo que podría presentarlo al pleno y que desde allí lo reenvíen a las comisiones, lo cual obligaría a estas a comenzar a trabajar.
Requerido si existe la posibilidad real de éxito, admitió que sin los votos de los diputados colorados no va a avanzar. “En todo caso, esperaríamos que los de Honor Colorado (cartista) tomen conciencia de la importancia de esta ley y apoyen el proyecto, porque por el lado de Colorado Añetete (movimiento que impulsó a Mario Abdo Benítez) las esperanzas son escasas”.
Acosta reconoció asimismo que lo que los gobiernos logran saltar con los gastos sociales de las binacionales es la burocracia de las licitaciones estatales, que dependen del presupuesto nacional. Sin embargo, aclaró que Itaipú o Yacyretá pueden dar seguimiento a los fondos que proveen al PGN y que estos realmente lleguen al objetivo final, con transparencia y eficiencia.
Añadió que los fondos sociales, en manos de los gobiernos, siempre se han prestado a financiar campañas políticas o a “mejorar” la imagen del Poder Ejecutivo de turno en ciertas regiones o zonas del país, además del problema que suele haber con la transparencia.