Opáy la ñande justicia
No es un despertar generalizado ni un acontecimiento trascendental como para explotar bombas y lanzar gritos de euforia, pero principio tienen las cosas. En las últimas semanas, tanto el Ministerio Público como algunos jueces han tenido una actuación correcta y ajustada a la ley; eso en Paraguay ya es una gran cosa.
Durante demasiadas décadas, el Poder Judicial ha sido un apéndice servil del Poder Ejecutivo y algo así como simple mandadero de los líderes del Poder Legislativo. Los procesos en los tribunales se ajustaban a los intereses de los dueños del poder, de modo que algunos expedientes se tramitaban como trenes de alta velocidad y otras denuncias y querellas simplemente se guardaban por años en los cajones de la injusticia.
En los últimos tiempos, hemos sido gratamente sorprendidos por hechos de cumplimiento imposible en períodos anteriores. Los diputados y senadores han votado por el desafuero o la pérdida de investidura de algunos parlamentarios acusados ante la justicia por delitos graves, dejando de lado el autoblindaje y el espíritu corporativo que reinaban con anterioridad.
Después del cambio en la jefatura del Ministerio Público, varios fiscales salieron a las calles a buscar pruebas, realizar allanamientos e imputar a conocidas figuras de nuestro mundo político. Esto jamás había ocurrido antes.
También los jueces que reciben las imputaciones y solicitudes de prisión preventiva de ex autoridades nacionales y renombrados dirigentes partidarios, no dudaron en ordenar el envío a prisión de los acusados hasta tanto se resuelva su situación procesal. Nunca hemos visto a tantas figuras conocidas de las altas esferas políticas ingresando a las penitenciarías, aunque se alojen en celdas vip.
En países con sistemas democráticos consolidados, estos hechos se tomarían como acciones rutinarias de la justicia y, en la práctica, serían noticias de poca trascendencia. Pero en suelo guaraní, estas son novedades relevantes porque constituyen signos emblemáticos de que nuestros fiscales y jueces están despertando de un preocupante letargo por falta de acciones firmes en la aplicación de los principios constitucionales y de las leyes en vigencia.
Esta mejoría en la administración de justicia se suma a la ya ampliamente
apoyada campaña de organizaciones sociales que durante semanas se dedicaron a escrachar y exigir justicia para las figuras públicas acusadas de haber cometido delitos graves, pero que no eran llevadas a los tribunales ni, mucho menos, a los recintos penitenciarios.
Una frase conocida nos recuerda que la escoba nueva siempre barre bien y que los problemas se presentan con el transcurrir del tiempo. Ojalá estas informaciones positivas no respondan únicamente al querer portarse bien de las nuevas autoridades, sino que sean demostraciones prácticas de sus convicciones legales y democráticas como autoridades al servicio del bien común, de la ciudadanía en general.
Dejamos ahora constancia de nuestro reconocimiento por la correcta actuación de fiscales y jueces, así como también por la elección de dos nuevos ministros de la Corte Suprema con excelentes credenciales profesionales. Esto no es un cheque en blanco, pues seguiremos atentos el desarrollo de la gestión en los tribunales.