¿Será injusticia?
Rolando Niella
En los últimos días se ha hablado mucho de un “pacto de impunidad”. No tengo duda de que amplios sectores de la clase política (y no solo del Partido Colorado) ansían tal clase de pacto. No sería la primera vez que una tregua esconde los cuchillos bajo el poncho.
Sin embargo, dudo mucho que puedan conseguirlo en las condiciones actuales. En primer lugar, la pendencia de los movimientos internos de los partidos tradicionales es demasiado radical y, por otra parte, ya hablando específicamente de los colorados, solo puede haber un jefe del Poder Ejecutivo: no creo que Cartes se conforme con menos, ni que Mario Abdo esté dispuesto a convertirse en una marioneta.
Por supuesto, el ambiente ciudadano está demasiado caldeado para tolerar pasivamente tal clase de componendas, que solamente contribuirían a agudizar la exasperación, a incrementar y radicalizar los escraches callejeros y a convertir las redes sociales en un hervidero de improperios… Supongo que, con todo lo que ha ocurrido últimamente, por fin habrán aprendido a respetar el poder de tales manifestaciones de repudio.
Además, también hay que considerar que, aunque es verdad que jueces y fiscales están impulsando los procesos por corrupción que antes se eternizaban, probablemente estamos sobrevalorando estos hechos. Se trata apenas de unos primeros y tímidos pasos y solamente en los casos de corrupción más abierta y públicamente escandalosos.
La impunidad goza aún de muy buena salud porque, como ya he repetido varias veces, empieza en directivas partidarias que defienden, protegen y mantienen en cargos partidarios y nacionales hasta a sus peores impresentables y culmina con el blanqueo judicial avalado por la Corte Suprema.
No es casual que los ministros entrantes de la Corte Suprema en lugar de hacer promesas de mejoras inmediatas, como es costumbre, hayan abierto el paraguas, haciendo notar que son solo dos y están en minoría… Además de ser una saludable muestra de realismo por parte de los flamantes ministros, eso refleja la opinión que tienen de sus pares, los otros integrantes de la Corte.
De hecho, la semana pasada la Corte Suprema confirmó la mala opinión de sus nuevos integrantes y, a decir verdad, de toda la ciudadanía, al blanquear de un plumazo al diputado colorado cartista Carlos Núñez Salinas de los delitos de “contrabando y producción de documentos no verdaderos”.
Por desgracia, este caso no ha tenido toda la atención que merece, porque lo verdaderamente insólito es que Carlos Núñez Salinas ¡ya había reconocido haber cometido los hechos que se le imputaban! Sin embargo, mediante una excepción de inconstitucionalidad, la defensa elevó el caso a la Corte Suprema y la Sala Constitucional, integrada por el ministro Sindulfo Blanco, el camarista en lo Civil y Comercial Carmelo Castiglioni, protagonistas del blanqueo, y el camarista Neri Villalba. Este último votó en disidencia y lo felicito por ello.
Para decirlo sin palabrería legal, Blanco y Castiglioni, simplemente declararon que hacer contrabando, evadir impuestos por un monto multimillonario y falsificar documentos no son delitos, sino apenas una “travesura”. Quienes deseen reírse un rato o, por el contrario, llorar amargamente con la argumentación de la resolución de la Sala Constitucional, pueden encontrarla muy bien resumida en la edición del pasado domingo del suplemento judicial de este diario.
La primera idea que a cualquier persona medianamente informada se le ocurre ante estos hechos es que, mientras la Corte Suprema actúe de tal manera, la impunidad de los delincuentes con respaldo político está asegurada y, en consecuencia, no habrá castigo final, sino un oparei judicial que convertirá hasta a los más corruptos ladrones en “próceres” intachables, aunque un poco “traviesos”… No será fácil un pacto de impunidad pero: ¿Será injusticia?