Un camarista enjuiciado por el caso Curuguaty quiere juicio para Sandra
El camarista Arnaldo Martínez Prieto, uno de los enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por absolver a condenados por la masacre de Curuguaty, pide juicio político para Sandra Quiñónez, fiscala general.
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez había presentado denuncia por supuesto mal desempeño de funciones contra los camaristas Martínez Prieto, Emiliano Rolón Fernández y Cristóbal Sánchez.
Los mismos integraron la Sala Penal de la Corte Suprema que anuló las condenas contra 11 campesinos encontrados culpables por la matanza de policías en Campos Morombí, Curuguaty, el 15 de abril de 2012.
Por este motivo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió enjuiciar a Martínez Prieto y Fernández, y absolvieron a Sánchez. Los dos primeros votaron por anular todo el proceso, mientras que el último por anular la pena y reenviar a un nuevo juicio oral y público.
Con el fallo en mayoría de la máxima instancia judicial ya no hay posibilidad de enjuiciar a los acusados por el Ministerio Público. Además, los sentenciados ya recuperaron su libertad.
En la denuncia por mal desempeño de funciones, Sandra Quiñónez indicó en su denuncia que los camaristas emitieron una aclaratoria extemporánea y cuando estaban recusados.
Además dijo que cambiaron el fondo del fallo y no se expidieron sobre hechos como invasión de inmueble ajeno, coacción, entre otros.
Finalmente, precisó que Emiliano Rolón solo admitió estudiar las casaciones de cinco procesados e hizo “extensivo” el fallo al resto.
Ahora, el camarista Arnaldo Martínez Prieto solicita a la Cámara de Diputados que la fiscala general afronte un juicio político, de acuerdo al Art. 225 de la Constitución.
El camarista indica, entre otras cosas, que no puede ser enjuiciado porque integró la Corte ante la inhibición en cadena de todos los ministros.
Asimismo, dice que la fiscala general atentó contra la independencia del Poder Judicial al denunciarlo.
Según Martínez Prieto, Sandra Quiñónez “se extralimitó en sus funciones y ejerció de manera abusiva sus atribuciones”, incluso yendo en contra tanto de la Carta Magna como de la ley orgánica que rige la función del Ministerio Público.